La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, abogó ayer por dar a conocer la figura del asistente personal entre el colectivo de dependiente porque dijo que se trata de un recurso que está a alcance de cualquier persona que cumpla con los requisitos y, además, corre con financiación de la Ley de Dependencia. En la actualidad, un centenar de usuarios disfruta de un asistente personal en la Comunidad Autónoma aunque Marcos se mostró partidaria de «potenciar» este recurso que va en la línea marcada por la Junta de Castilla y León de primar la profesionalización de los servicios.

 

El asistente personal presta apoyo a las personas con diversidad funcional, con la realización o la ayuda en las tareas de la vida diaria, aunque el dependiente mantiene su capacidad para tomar decisiones. El objetivo es mejorar la vida autónoma de la persona con disfuncionalidad.

 

De momento, la Consejería trabaja con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad en Castilla y León (Cermi), puesto que los prestadores del servicio serán el tercer sector. La previsión del Ejecutivo regional es poder contar para el año próximo con la legislación definitiva para regular la figura del asistente personal para personas dependientes. En alguna ocasión, Milagros Marcos ha apuntado que «hay que ir con tranquilidad para que la respuesta sea la correcta y creemos un servicio con garantías para poder sostenerlo». También declaró que era necesario contar con los medios, definir el contenido de la prestación y la formación de los profesionales que atenderán a esos beneficiarios.

 

Autonomía.  Además, la Consejería ha editado la Ley de Servicios Sociales de Castilla y León en un lenguaje claro y sencillo que permite un mejor entendimiento por parte de las personas con discapacidad intelectual pero también para el resto de la ciudadanía. Marcos destacó este texto porque es un «paso más» a la hora de trabajar en la autonomía del colectivo de la discapacidad. «Era necesario contar con un documento en que ellos, que son actores, entendieran y supieran interpretar» la norma fundamental sobre la que pivotan los Servicios Sociales en la Comunidad. De esta manera, precisó, las personas con discapacidad podrán exigir por ley sus derechos ante las administraciones públicas.