El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha desestimado el recurso de la empresa Aparcamientos Españoles, concesionaria del parking de la Plaza Mayor, contra la decisión del Ayuntamiento, en el anterior mandato municipal, de fijar la fecha de finalización de la concesión en octubre de 2021 y de negarle una indemnización de 680.000 euros por daños y perjuicios mientras el subterráneo estuvo parcialmente cerrado por obras.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJCyL, con sede en Valladolid, confirma así la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso 1 de Valladolid, que ya rechazó, en octubre de 2022, las pretensiones de la empresa y avaló la actuación del Consistorio.

La sentencia del TSJ no es firme y puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo, según la información del Gabinete de Prensa del TSJCyL recogida por Europa Press.

Cabe recordar que la antigua concesionaria del céntrico aparcamiento impugnó la decisión, tomada por el equipo de Gobierno municipal formado por PSOE y VTLP, que fijó como fecha de fin de la concesión del aparcamiento subterráneo de la Plaza Mayor, para la primera y segunda planta el día 4 de octubre de 2021, cuando la empresa solicitaba que se extendiese hasta el año 2040 ó 2035.

Asimismo y según explicaba la sentencia original, se desestimaba la solicitud de indemnización de daños y perjuicios como consecuencia del cierre del aparcamiento subterráneo de la Plaza Mayor de Valladolid durante los meses en los que se realizaron las obras de acceso subterráneo al mismo que valoraron en 693.590,73 euros).

Según explicó el anterior equipo de Gobierno en su día la concesión para la construcción y explotación del aparcamiento subterráneo se adjudicó en 1970 y la planta primera entró en funcionamiento en 1972, el sótano que generaba los mayores ingresos durante toda la vida de la concesión. Por su parte, la segunda planta del parking entró en funcionamiento en 1997.

De acuerdo con las cláusulas del contrato, la duración de la explotación de cada planta sería de 43 años a contar desde su entrada en funcionamiento respectivamente si bien en 1989 se modificó el contrato a fin de unificar el plazo de finalización de la concesión de ambas plantas, y finalmente se concretó dicho plazo en el día 4 de octubre de 2021, "si bien, como consecuencia de vicisitudes procedimentales y reclamaciones de la concesionaria, no puedo tomarse posesión efectiva por la Administración Municipal hasta el 4 de enero de 2022", precisan desde el Ayuntamiento.

A partir de esa fecha comenzaron los pasos para que la empresa municipal de transporte en autobús, Auvasa, se hiciera cargo de la gestión y según el equipo de Gobierno que encabezó el socialista Óscar Puente, una vez transcurrido el primer año de gestión directa, que se cumplió el pasado 4 de enero, el personal técnico responsable del servicio concluyó en un informe que el resultado había sido positivo para el Ayuntamiento.

En concreto, los ingresos se vieron incrementados en un 17 por ciento respecto al año 2021, si bien cabe apuntar que ese año todavía estuvo afectado por medidas restrictivas de la movilidad, como el toque de queda, hasta primeros de mayo.

Esos ingresos han llegado a los 1.354.130 euros, al tiempo que los gastos se han reducido un 5 por ciento ascendiendo a 342.474 euros. Esto arroja un resultado de explotación para el ejercicio 2022 de 1.011.665 euros que es un 27 por ciento superior al obtenido por la concesionaria anterior para el año 2021.

Estas cifras, según el exalcalde de Valladolid Óscar Puente avalaban las decisiones llevadas a cabo por Auvasa para un mejor aprovechamiento de esta infraestructura municipal al tiempo que se ha conseguido ofrecer un mejor servicio a las necesidades de la ciudadanía con nuevos productos más adaptados a los residentes y trabajadores del entorno.

Cabe apuntar también que en el año 2021, cuando se conoció la decisión de adelantar la fecha de conclusión de la concesión y en los meses posteriores, el Partido Popular --entonces en la oposición-- criticó la decisión y advirtió de posibles irregularidades y su exportavoz municipal Pilar del Olmo calificó el trámite de "chapuza".

Algunos de los concejales que formaban entonces el Grupo Municipal del PP son hoy ediles del equipo de Gobierno que forman los 'populares' y Vox.