Producir menos y presentar una mayor oferta de variedades, calidad y precios que sea atractiva para los consumidores; potenciar, en definitiva, el consumo interior y las exportaciones son, en líneas generales, los objetivos más importantes contemplados en la denominada Intervención Sector Vitivinícola (ISV) del Ministerio de Agricultura, dotada desde la Administración central con 202 millones de euros para el periodo de 2024 a 2027. La ayuda al sector vitivinícola antes de la última reforma de la PAC se articulaba a través del Programa Nacional de Apoyo al Sector Vitivinícola (PASVE), vigente desde 2019 a 2023.
La puesta en marcha de esta nueva iniciativa se produce cuando la interprofesional del sector acaba de cumplir, y celebrar además, el décimo aniversario de su constitución en un contexto en el que, lejos de haberse logrado en ese periodo un cambio importante en positivo en la demanda y en la propia imagen del vino en la sociedad, la realidad es que el sector registró una dura caída de ventas y que solo se ha logrado parar el ajuste con visos de mejora.
España, con una superficie de unas 930.000 hectáreas de viñedos, tras los recortes de las últimas décadas y las replantaciones acometidas, se mantiene entre los principales productores comunitarios, tras Francia e Italia. Los volúmenes anuales entre vino y mosto de en los últimos años han oscilado entre los 32 millones de hectolitros de la campaña pasada -una de la más reducidas de la historia reciente- y los 46 millones de 2020, si bien se puede hablar de una media de 38 millones solo de vino y de 43 millones de vino y mosto. En la actual campaña el clima, en líneas generales, ha sido favorable: hubo lluvias y hay agua en el subsuelo y aunque, como cada año, se pueden producir fenómenos puntuales como el pedrisco, se barajan cifras que están por encima de los 40 millones de hectolitros.
Frente a esas cifras, la demanda interior ha pasado en los últimos cinco años de los 11 millones de hectolitros a unos 9,8 millones. Esta caída no es solo en España, sino que se repite en los mercados mundiales, donde se pasó de más de 230 a 221 millones de hectolitros con descenso en todos los grandes países consumidores como Estados Unidos, Alemania, Francia o Italia. Por cabeza, el Vaticano ocupa un lugar destacado con más de 50 litros frente a los 26 de Italia o los 21 de España, dato que se achaca no al uso en las misas, sino a la edad elevada de sus habitantes.
En lo que se refiere a las exportaciones, las ventas en el último año bajaron a 20,5 millones de hectolitros siguiendo la línea descendente de los últimos años y lejos del máximo de 27 millones. Hoy, de los 20,5 millones, más de 12 correspondieron a vinos a granel a un precio medio de 0,46 euros por litro; en los vinos envasados el precio se quedó en 2,70 euros por litro. Se exportó menos, pero a precios ligeramente más caros, lo que en conjunto es un dato positivo en un mercado de exportación mundial donde en el último ejercicio se bajó de unos 105 a 98 millones de hectolitros y donde ganan peso algunos países sudamericanos como Chile y Argentina.
Ante el riesgo de desajuste entre las producciones, la capacidad de producir y las necesidades de la demanda, desde la Administración central, comunidades autónomas y desde el propio sector agroalimentario (representado por los Consejos Reguladores) se han puesto en marcha diferentes iniciativas o estrategias, tanto en la parte de la producción en el campo como en la transformación, industrialización y comercialización. Entre ellas cabe señalar la reciente asignación de 45,8 millones de euros para potenciar las ventas en terceros países.
202 millones.
La Intervención Sectorial Vitivinícola contempla un presupuesto anual de 202 millones de euros hasta 2027 de los que, inicialmente, un 27,5% serán para promoción en terceros países, otro porcentaje igual para inversiones en las propias bodegas, un 30% para reestructuración y reconversión de viñedos y un 15% para destilaciones. Si no se gasta todo el presupuesto, el sobrante se utilizaría para pagar la vendimia en verde, para la cual también existe financiación de las comunidades autónomas según decidan, como sería el caso de Rioja. No hay fondos para el simple arranque de cepas.
Entre todo el conjunto de esas actuaciones y puntos de interés para lograr un mayor ajuste entre la oferta y la demanda y lograr además una actividad rentable para los viticultores, cabe señalar la medida por la que se contempla un máximo de producción por hectárea de 18.000 y 20.000 kilos de uva para vinificación en tintas y en blancas respectivamente, al margen de las mayores limitaciones que puedan fijar los consejos reguladores en función de sus políticas. En la misma línea se hallan los rendimientos máximos a fijar en los procesos de transformación que deciden los consejos reguladores y que oscilan entre un 70% y un 74% en función de su coyuntura y mercados. Desde UPA se advierte que lo importante no es solo que se fijen esas exigencias, sino que se apliquen.
La cosecha en verde se plantea como una de las medidas más importantes para ajustar la producción a las necesidades de la demanda cada campaña y evitar la necesidad de aplicar otras acciones como la destilación. Pero además de ello, son de gran interés los procesos de reestructuración y reconversión para adaptar las posibilidades de oferta, tipos de vino, etc. a las demandas, respondiendo más a los gustos cambiantes de los consumidores teniendo en cuenta desde el tipo de uva a la elaboración en bodega.
En el objetivo de ajustar la oferta a la demanda y los niveles de consumo, un factor determinante es igualmente el precio de venta del producto final, tanto en la distribución como en la restauración y, sobre todo, en lo referente a las barras de los bares. La imagen negativa de la venta de alcohol afecta a la no incorporación de los jóvenes a su consumo moderado, pero mucho más negativos son los precios de venta en esa restauración donde se paga en muchos casos por una copa el precio de una botella.