El Juzgado de lo Penal número 4 de Valladolid celebrará juicio en diciembre contra el letrado V.J.M.A. acusado de falsear un documento público con el fin, presuntamente, de que una clienta, con la que compartirá banquillo, pudiera cobrar una ayuda por subsidio de desempleo por ser mayor de 52 años y cuya solicitud no había sido presentada en plazo.

Tanto el abogado como la clienta, M.H.H.G, están acusados de un delito de falsedad en documento público en concurso medial con otro de tentativa de defraudación de prestaciones del sistema de la Seguridad Social y se exponen cada uno de ellos a una condena de un año de cárcel y una multa global de 9.800 euros, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

En su escrito de calificación provisional, el fiscal del caso sostiene que los acusados se concertaron para conseguir que la mujer pudiera seguir percibiendo el citado subsidio por desempleo para mayores de 52 años--lo venía cobrando desde 2019--, a pesar de que en 2021 no había cumplimentado el requisito de aportar copia del IRPF, ante lo cual el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) procedió a la suspensión del mismo.

En esta situación, siempre según la tesis de la acusación pública, la acusada, en connivencia con su letrado, encargado de tramitar telemáticamente las solicitudes y aportar la documentación necesaria ante la administración, presentaron un recurso en noviembre de 2022 contra la mencionada denegación aportando un documento previamente manipulado para generar error a la administración, denominado "Justificación de presentación de registro electrónico", con el cual pretendían acreditar que la declaración el IRPF había sido aportada.

En el caso de la acusada, la defensa solicita su libre absolución y deposita toda la responsabilidad en el letrado, a cuyo despacho, como así alega, acudió como en otras ocasiones para que le gestionase la renovación del subsidio, trámite que el profesional, según denuncia, se olvidó de tramitar.

En su versión de los hechos, la mujer sostiene que al ver que pasaba el tiempo y no le ingresaban la prestación, acudió nuevamente al despacho del otro denunciado y éste le aseguró que había presentado el documento en tiempo y forma, cosa que al parecer no era cierto.

Así, confiada en su representante legal, quien apuntó que se trataba de un error del SEPE, siguió las instrucciones que le dio para que presentarse distintos documentos y reclamaciones.

"Lógicamente, si nuestra representada hubiera intuido o deducido que el error podría haber sido del otro denunciado, quien, presuntamente, se olvidó de presentar la solicitud de renovación del subsidio, no hubiera actuado de la forma que actuó y hubiera reclamado a su gestor los daños y perjuicios que le originó con su negligente actuación. Pues no podemos olvidar que ella no ha percibido la cantidad de 3.701 euros, cantidad a la que tenía derecho legalmente", añade la defensa de la también denunciada.