Pedro Sánchez no pierde la sonrisa, como si fuera el presidente de un país idílico con ciudadanos felices que sienten profunda admiración y agradecimiento a su gobierno. Pedro Sánchez, sin embargo, además de asumir que su crédito internacional ha decrecido seriamente -su euforia no significa que no tenga ojos en la cara- se encuentra con retos por superar si quiere seguir en Moncloa, con dos nombres que se le atraviesan: Puigdemont y Belarra.
Un prófugo de la justicia y una política de tercer nivel que se ha incrustado en su gobierno porque es el precio que Sánchez tuvo que pagar a Pablo Iglesias para contar con los apoyos necesarios para ser presidente: gobierno de coalición, una vicepresidencia y cuatro ministerios. La procelosa vida política convirtió a Belarra en máxima representante de Podemos en el gobierno, plantea a Sánchez casi tantos problemas como Puigdemont.
El expresidente catalán no acaba de dar su brazo a torcer, aunque todo el mundo está convencido de que lo hará cuando falte un minuto para el toque de campana. El primero que lo cree es Sánchez, de ahí la eterna sonrisa. Todo consiste en aceptar las exigencias de Puigdemont y hace ya mucho tiempo que el presidente ha perdido el pudor, la dignidad y el valor de su palabra: sin ningún complejo acepta ro que no aceptaba y considera constitucional lo que consideraba inconstitucional. Y está rodeado de ministros, asesores y dirigentes del partido que, como él, dan por bueno todo lo que consideraban ilegal hasta el 23 de julio. La capacidad de abducción de Sánchez es inconmensurable, como lo es también su capacidad de blanquear lo que consideraba negro.
Belarra le pone toda clase de chinas en el zapato. Un presidente como debe ser no consentiría que una ministra le plantara cara día sí y día también y ponga en cuestión sus decisiones sobre asuntos nacionales e internacionales. Los nacionales se notan menos porque Sánchez puede aprobar lo que quiera, porque Belarra, Montero e Iglesias no caen especialmente simpáticos a los restantes partidos, pero que la comunidad internacional, tan preocupada -con razón- por lo que ocurre en Israel, vea que en el gobierno español se sienta una ministra que apoya a Hamas, y que tanto ella como los miembros de su partido en el gobierno hacen llamamientos a manifestarse contra Israel, provoca que la autoridad de Sánchez, su imagen, quede dañada.
Porque, aunque no hay nadie en este momento que apoye total, plenamente y sin condiciones a Israel, no se puede olvidar que Hamas es un grupo terrorista, que empezó esta guerra, y que ha cometido atrocidades propias de genocidas, de una crueldad sin límite.
Sánchez no tiene muchos motivos para sentirse orgulloso de sí mismo: será presidente, si finalmente lo es, gracias a los apoyos de un prófugo y de un partido que no pierde ocasión de demostrar públicamente que no tiene el menor respeto por su persona y por su proyecto político.