María José San Román Sotillo ha sido reelegida este martes como presidenta en el X Congreso Provincial de CSIF Valladolid, cargo que afronta con la "feliz satisfacción" de haber incrementado la afiliación en la provincia el 74% en los últimos ocho años, pasando de 2.779 en 2016 a los 4.863 que hay en este momento.
"Somos la organización sindical referencial y de confianza para una parte importante de la sociedad de Valladolid", subraya la presidenta, quien recuerda que, en las administraciones, CSIF ha aumentado en más de 30 delegados su representación provincial en las dos últimas elecciones, siendo mayoritaria en sectores como Administración General de la Junta, Educación, Universidad o Justicia, y en el sector privado ya tiene representación en más de 60 empresas, con 140 delegados.
Sus objetivos para esta renovada etapa son "muy claros". Hay que reforzar "con urgencia las insuficientes plantillas para garantizar la atención y la calidad de los servicios públicos de la provincia de Valladolid, porque se encuentran tremendamente tensionados, así como mejorar las condiciones de trabajo de sus empleados".
Recuerda que un 30% de las plazas están vacantes y un 35% de los empleados se encuentran "próximos a jubilarse". Por ejemplo, en la Administración General de la Junta hay unas 1.820 plazas vacantes en Valladolid o, en Sanidad, más del 20% de la plantilla de Atención Primaria o Especializada tiene más de 57 años.
La presidenta reelegida alude al balance "muy positivo" que le anima a trabajar "con toda la ilusión", aunque no olvida que "queda mucha tarea por hacer". Por ejemplo, se refiere a los gravísimos problemas de la sanidad pública o a la "insoportable" situación de las trabajadoras sociosanitarias de las residencias de la provincia, con temporalidades "intolerables de más del 50% en las plantillas".
La presidenta asegura que la colaboración de la Unión Provincial para negociar y conseguir mejores condiciones laborales a los trabajadores de Valladolid será la prioridad en su acción sindical. Tampoco olvida su compromiso con la lucha por la igualdad "efectiva" de la mujer en el ámbito laboral, y contra la brecha salarial o el llamado 'techo de cristal'.
"Hemos forzado la creación de planes de igualdad de género en la Diputación o en el Ayuntamiento de Valladolid y otros municipios de la provincia. En todas las administraciones o empresas en las que CSIF tiene representación, existe plan de igualdad. Pero todavía queda mucho por conseguir, y hay que seguir trabajando", remarca.
María José San Román ha agradecido a los 92 compromisarios el apoyo y la confianza que han depositado en ella y su equipo. El Comité Ejecutivo Provincial lo conforman, además de la presidenta, Mariano González Clavero (vicepresidente), María Teresa Ramón Alcaraz (secretaria general), y los vocales Nuria Muñoz y Honorio Gordo Fernández.
San Román fue elegida presidenta en 2016, pero la pandemia del Covid obligó a paralizar los procesos congresuales hasta este año, en el que Benjamín Castro renovó su cargo al frente de la Unión Autonómica de CSIF Castilla y León. Ahora, las uniones provinciales celebrarán sus congresos en las próximas semanas, iniciando Valladolid este proceso.
Precisamente, Benjamín Castro, que ha abierto con un saludo el inicio del congreso provincial de Valladolid, ha reclamado la necesidad de que la Junta recupere la senda de la negociación para dar solución a unas plantillas envejecidas e insuficientes en los servicios públicos, y una imprescindible equiparación salarial.
Por su parte, el presidente nacional de CSIF, Miguel Borra, que ha clausurado el congreso, ha reclamado al Gobierno y al recién nombrado ministro de Función Pública, el castellano y leonés Óscar López, iniciar y reactivar la negociación de un nuevo acuerdo salarial para los empleados públicos porque el actual caduca este año.
Aumentar las retribuciones salariales, el refuerzo de las plantillas, eliminar la tasa de reposición, culminar el proceso de estabilización, la equiparación salarial entre administraciones, aplicar la jornada laboral de 35 horas semanales en el conjunto del Estado, la adecuación de los grupos profesionales, la carrera profesional, mejoras en las condiciones de jubilación tanto del régimen general como de clases pasivas, el desarrollo de la Ley de Función Pública o la modificación del TREBEP son las reivindicaciones de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).
Así se lo ha trasladado Miguel Borra al propio Óscar López, con el que ya se ha reunido, esperando que "suponga el comienzo de una nueva hoja de ruta de reformas estructurales que requieren nuestras administraciones".
Coincidiendo con el comienzo del curso sindical, Borra también pide al Gobierno que apruebe cuanto antes una Oferta de Empleo Público para 2025 acorde a las necesidades reales de personal de la administración, sin tasa de reposición, y que se cumpla el compromiso de reducir la temporalidad al 8 por ciento a finales de este año (actualmente es del 30 por ciento, el doble que en el sector privado).
En materia salarial, el presidente de CSIF recuerda que los empleadas y empleados públicos arrastran una pérdida de poder adquisitivo del 6% en los últimos dos años, tras el acuerdo firmado entre el anterior Ejecutivo y los sindicatos CCOO y UGT, y cerca del 20% desde el recorte salarial de 2010.