La Concejalía de Hacienda vigilará las obras en viviendas e inmuebles para vincular el coste real de las reformas a la actualización de los valores catastrales. Esto repercute de forma directa en cómo se calcula el importe del recibo del impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Este es el tributo municipal que más ingresos deja en las arcas municipales, más de 70 millones de euros. «Es importante porque se pretende evitar que se dejen de ingresar cantidades en el IBI por la falta de actualización del Catastro», tal como se apunta en el plan de inspección para este año.

Esta vigilancia se acompañará de medidas informativas y de concienciación de los vallisoletanos para «facilitar» el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Además, se intensificará la coordinación, no solo con el Catastro, sino también con la Agencia Tributaria.  En la misma línea, se controlarán las obras realizadas sin licencia o declaración responsable para evitar el impago del correspondiente recibo del ICIO, con el incremento de la inspección en la vía pública.

También se busca «ampliar» las actuaciones de inspección para un «mejor» control del impuesto de Actividades Económicas (IAE). «En 2024 se iniciarán actuaciones en relación con la promoción inmobiliaria de edificios y terrenos, fábricas y actividades en polígonos o extrarradio con locales de una superficie considerable».  

El servicio de inspección se centrará en «evitar el fraude existente» respecto a la exención por minusvalía en el impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), más conocido como de rodaje. «La ley exige que el uso de estos vehículos sea exclusivo de la persona con minusvalía», se recuerda. En la misma línea se incidirá en el control de las terrazas después de varios años de exención de la tasa. Se plantean inspecciones para regularizar las que se constate que tienen un exceso de ocupación sobre lo pedido.

plusvalías. Este área mantiene abiertos más de 1.000 expedientes de  revisión del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Y este año se quieren realizar una serie de actuaciones «urgentes» por la que se califica como «extraordinaria inseguridad jurídica» que ha caracterizado a este tributo en los últimos años. «Las actuaciones deben agilizarse al máximo con el fin de que, ante cualquier nueva eventualidad, la defraudación fiscal no pueda verse beneficiada».