Los empresarios vallisoletanos Raúl F.M. y Álvaro C.P. se enfrentan a penas que suman más de 14 años de cárcel por fraude a la Seguridad Social, estafa y falsedad en documento público, y al pago de multas e indemnizaciones que superan el medio millón de euros.
Los hechos, que se juzgarán el próximo miércoles, 18 de septiembre, en la Audiencia Provincial de Valladolid, se remontan a 2015, cuando Raúl F.M. tramó un plan encaminado a defraudar a la Tesorería General de la Seguridad consistente en la creación de empresas con similares actividades y plantillas. Así, una vez que las empresas acumulaban deudas, creaba otras con una denominación distinta para continuar con la misma actividad.
Para llevar a cabo este plan, según sostiene el Ministerio Fiscal, el acusado contó con la participación de Álvaro C.P., su pareja sentimental, que accedió a ser dado de alta como empresario individual y a figurar como administrador de otras empresas que, en realidad eran gestionadas por Raúl F.M.
Así, entre marzo de 2015 y febrero de 2018 llegaron a crear siete sociedades mercantiles. Durante este periodo la deuda con la Seguridad Social de más de 65.000 euros, sin tener en cuenta intereses y recargos correspondientes.
Además, el principal acusado se valió de esta sucesiva creación de empresas para presentar ante entidades públicas y privadas diversas solicitudes de ayuda para el fomento del empleo. Así, el propio Raúl F.M., o través de la persona que figuraba como administradora única de la sociedad solicitante, procedía a comunicar a los trabajadores en cuyo beneficio se iba a obtener la subvención, el cese de su relación laboral para, a continuación, darles de nuevo de alta en otra de las sociedades.
Para poder acceder a las ayudas, el acusado, por sí solo o por terceros a sus órdenes, simulaba la celebración con el trabajador de un determinado contrato subvencionable que era comunicado a la entidad que concedía la ayuda, pero que, sin embargo, no se ajustaba a la relación laboral real, puesto que obligaba al trabajador a firmar un acuerdo privado por el que renunciaba a parte de los derechos que atribuía el supuesto contrato.
Para Raúl F.M. el fiscal pide cuatro años de cárcel por fraude a la Seguridad, tres años por un delito de estafa continuado y otros tres años por otro delito continuado de falsedad en documento público. Además reclama una multa que supera los 250.000 euros. Por su parte, Álvaro C. P. se enfrenta a tres años por fraude a la Seguridad Social y a un año y tres meses por un delito de estafa. Además, tendrá que hacer frente a una multa de más de 195.000 euros. A su vez, se pide que ambos acusados indemnicen a la Seguridad Social con 65.345 euros y la Fundación Mapfre, de que la que se beneficiaron de forma ilegal de varias ayudas al fomento del empleo, con 8.707 euros.