La primera teniente de alcalde y portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Valladolid, Irene Carvajal, ha dejado en el aire si su formación votará a favor en el Pleno de la nueva ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Ha reiterado que volver a presentar las enmiendas que este lunes no lograron el visto bueno en comisión y pide al resto de los partidos políticos "que hagan una reflexión" porque creen "que son una serie de medidas de carácter muy social que benefician a Valladolid y a los vallisoletanos".
La también primera teniente de alcalde y concejala de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Valladolid no aclaró a preguntas de los periodistas si votará a favor o no de la nueva ordenanza si se quedan fuera las enmiendas que ya no fueron apoyadas este lunes en la Comisión de Movilidad por el PP y socio de Gobierno. Sin embargo, Carvajal ha insistido en que solicitan a todos los partidos esa reflexión sobre las propuestas que van a llevar. "Nosotros entendemos que hemos cumplido con el pacto de Gobierno y queremos seguir avanzando y apelamos a la reflexión de los diferentes partidos políticos para que acojan estas enmiendas que tienen un marcado carácter social", ha añadido.
No obstante, la dirigente de Vox ha apuntado que, durante la negociación con el PP, su formación ha conseguido reducir a la zona de bajas emisiones de 3,4 kilómetros cuadrados a 1,1 kilómetros cuadrados, en los que se incluyen la mayor parte de las calles peatonales en las que ya estaba restringido el tráfico; así como "una multitud de excepciones que creíamos que eran importantes". En este sentido, ha destacado que se "ha conseguido pactar" que se retrase el no poder acceder a la ZBE de los vehículos de la etiqueta B hasta el 1 de enero de 2028 y que se pueda acceder "libremente" las familias numerosas y aquellas familias cuyos escolares cursen estudios en esta zona.
Más medidas
Carvajal ha remarcado que creen en un modelo "menos restrictivo" y ese fue el fundamento para presentar enmiendas en las que se solicitaban unas medidas "de carácter social", es decir, "que las mujeres embarazadas, los enfermos con patologías que tengan desaconsejado viajar en transporte público, como pacientes oncológicos o inmunodeprimidos, o personas muy mayores", incluso las personas que se rompan una pierna o un brazo, puedan entrar en esta zona de forma justificada.
Asimismo, la portavoz de Vox ha indicado que se propuso que todos los comerciantes que estén cerca de jubilarse, con un plazo de unos cinco años, no tengan que cambiar de vehículo y puedan acceder a esta zona, por ejemplo, si realizan repartos. Y otra de las enmiendas era que quien haya comprado un vehículo, pero esté a la espera de su entrega, pueda justificarlo y seguir entrando en la zona con el coche antiguo.
Además, se demandó que se permitiera a todos los vallisoletanos acceder dos veces al mes, es decir, 24 veces al año a esta zona. Y es que ha argumentado que hay muchas personas mayores viviendo en el centro y se facilitaría así la entrada de familiares o amigos dos veces al mes para atender a estas personas. "Son medidas de carácter social por las que teníamos que luchar y que como no dieron fruto en esa negociación donde sí conseguimos muchos grandes avances, debíamos presentarlo", ha añadido Carvajal. Por ello, ha insistido en que el objetivo es que el resto de partidos se replantearan "asumir esas medidas que creemos que son de carácter social". De esta forma, ha reiterado que estas enmiendas se presentarán del nuevo al pleno.
Por otro lado, ha reiterado que la ZBE es una "imposición" de una directiva europea que se traspone a una normativa nacional y, por ello, todos los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes tienen la obligación de establecer esta zona. También subrayó que el Ministerio de Transportes "lanza la amenaza" de que "todos los municipios que incumplan la legalidad perderán las ayudas al transporte público". Apuntó que esto no solo se refiere al transporte por autobús urbano e interurbano, sino también puede afectar a los viajeros que viajan a diario "a los miles de vallisoletanos que viajan a diario a Madrid en el AVE o en Avant para acudir a sus puestos de trabajo".
La primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valladolid aseveró que nada más llegar al Consistorio se encontraron con una ordenanza que se aprobó inicialmente por el anterior Gobierno y que "se derogó". Apuntó que se pusieron a trabajar con el PP por un modelo de ciudad que fuera "menos restrictivo" y partiendo de una premisa como es que se Valladolid cumple con los estándares de calidad del aire que están establecidos en las normativas.