La Junta estudia no prorrogar el contrato de asistencia complementaria a los internos del Centro Juvenil Zambrana, actualmente en manos de la empresa francesa Clariane. Se adjudicó en marzo de 2021 por un plazo de tres años y opción de dos más pero, según avanzan a El Día de Valladolid desde UGT, cuyos representantes del área de Servicios Públicos se reunieron el pasado viernes con cargos de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, la Administración autonómica baraja la posibilidad (que no certeza, porque la decisión no está tomada) de abrir un nuevo concurso que facilite abordar mejoras laborales y de funcionamiento general del centro, mediante la introducción de cambios en el pliego de condiciones que rija el siguiente proceso de licitación.

Precisamente el pasado martes 19 de septiembre daba una rueda de prensa UGT para denunciar las "nefastas" condiciones laborales de los empleados de Clariane, educadores sociales en su mayoría. Aseguró que no está cumpliendo las condiciones en las que la Junta adjudicó este contrato en 2021, entre otros motivos, por la falta de cobertura de vacantes, y reclamó a la Administración autonómica que no ejecute la prórroga de dos años que podría llegar a obtener esta concesión a partir de 2024, además de reclamarle que haga seguimiento a dicha contrata "porque la están engañando". En opinión del sindicato, porque dicha concesión se rigió "únicamente por criterios económicos", y consideran que ahora se están "pagando las consecuencias". 

El contrato de 'actividades complementarias a la atención directa a menores y jóvenes internados en las unidades del área de intervención de reforma del centro regional Zambrana' salió a licitación por 11,4 millones de euros, concretamente, pero la empresa Grupo 5 Acción y Gestión Social (hoy Clariane) ganó tras ofrecerse a cubrir este servicio por 9,9 millones en total; con una rebaja de 1,5, por tanto.

"Muchos trabajadores están sufriendo 'burnout' (síndrome de desgaste profesional o de estar quemado), estrés, depresión y una cantidad de problemas psicosociales porque tienen una carga de trabajo insostenible", afirmaba aquel día el secretario de Servicios a la Comunidad de UGT Servicios Públicos, David López Guerra, durante la rueda de prensa que ofreció junto al secretario general de la misma federación sindical, Tomás Pérez Urueña. Señaló que el Zambrana está actualmente "casi al completo", con unos 60 jóvenes internos, pero que la empresa debería contar con unos 90 empleados, según las condiciones pactadas, y en la práctica, por los contratos a tiempo parcial que va realizando, estimó que la media resultante equivale a una cobertura del 80%.

"¿Que un trabajador se coge un abstentismo o se va? Metemos una precarización de un trabajador al 50% de parcialidad, y así tenemos trabajadores que no tienen unas condiciones adecuadas y dignas; y segundo, les vamos parcheando con horas complementarias, y eso no lo podemos permitir", resumió López Guerra, que también advirtió de "estrés térmico" durante este verano, por temperaturas que "llegaron a ser de 32 y 33 grados en el interior".

De la plantilla actual, afirmaron que alrededor del 10% de los empleados está de baja, porcentaje que añadieron que no es superior porque apuran "al límite" para intentar evitar la "fuerte" penalización económica que conlleva.

Asimismo, señalaron que las "malas condiciones laborales" provocan un exceso de rotación en plantilla y, también por ello, peor atención a los jóvenes internos.

REUNIÓN "POSITIVA" CON LA JUNTA. UGT pidió en agosto una reunión con la Junta y el pasado 19 de septiembre, poco antes de la rueda de prensa, recibió contestación para mantener dicho encuentro el viernes 22, aunque Pérez Urueña afeó que no fuera la consejera Isabel Blanco la que tuviera previsto recibirles, sino el director técnico de Atención a la Infancia, Tomás Montero. "Si pudieran recibirnos con el ordenanza, lo harían", concluyó. Sin embargo, de dicho encuentro salieron los representantes sindicales con cierta confianza.

En la reunión participó Montero desde el principio, entre otros, y hacia el final también se incorporó la directora general de Familia, Esperanza Vázquez. "Por un lado, nos comentaron que a ellos no les constan incumplimientos del pliego de condiciones (del contrato adjudicado en 2021), pero nosotros insistimos en que sí, que teníamos nuestras evidencias, así que les pedimos más control", relata a El Día el secretario de Servicios a la Comunidad de UGT Servicios Públicos, David López Guerra.

El sindicato también reiteró en dicho encuentro su petición de que no se prorrogue el contrato de gestión vigente y sugirió la introducción de "cláusulas de condiciones especiales de ejecución" en el pliego del siguiente concurso para tratar de mejorar por esa vía la situación de los trabajadores, que actualmente dependen además de un convenio colectivo estatal "bastante bajo". Mediante tales cláusulas se incentivaría a las empresas que pugnaran por hacerse con este contrato porque tendrían opción de sumar más puntos en su valoración a cambio de iniciativas de mejora.

Por la parte de la Junta, mientras, señalaron que analizarían la viabilidad técnica y jurídica de tal propuesta, al tiempo que avanzaron que estudian la posible salida de un nuevo concurso para adjudicar la gestión de este centro, sin descartar además la introducción de cambios en el proceso de licitación que pudieran propiciar la entrada de fundaciones sin ánimo de lucro en la pugna por el siguiente contrato.

Respecto al alto volumen de actividad que soporta actualmente el centro Zambrana, desde la Junta, siempre según UGT, matizaron que consideran algo "coyuntural" la presencia de unos 60 internos. Esperan que bajen a unos 50, al tiempo que también cuentan con plantear reajustes horarios que mejoren las condiciones de los empleados.

Resumiendo, y aunque no se hayan tomado decisiones todavía, López Guerra aprecia que "se ve cierto cambio de actitud en la Junta". "Primero nos han terminado por recibir, lo cual es de agradecer; y segundo, que parecen coincidir con nosotros en cuál puede ser la manera de mejorar las condiciones del centro tanto para los trabajadores como para los propios menores internos", añade. Aunque, tal y como matiza, "el tiempo dirá", a la espera de ver "si las palabras se convierten en hechos" y lo que hoy está en estudio se materializa en decisiones a corto plazo.