¿Qué es la nueva tasa de basuras? ¿Cuándo y cómo se aplica? Todos los ayuntamientos en España de más de 5.000 habitantes tendrán que cobrar por vivienda un canon  obligatorio. Se trata de un tributo polémico que, ante el reto de cumplir con los objetivos medioambientales de la UE sobre recogida, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos, está generando mucha confrontación entre consistorios. Estas son algunas de las claves del impuesto.

¿Cuándo entra en vigor?

Aunque muchos municipios cuentan ya con tasas de este tipo para la gestión de residuos, desde la pasada semana, tras cumplirse tres años de la entrada en vigor de la ley, el tributo es ya obligatorio para todos los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes que lo aplicarán según criterios propios.
De este modo, el de Madrid, por ejemplo, ha comunicado que los primeros recibos se enviarán a los propietarios de viviendas a partir de julio de 2025.

¿Quién debe pagarlo?

Según la ley de Haciendas Locales, el sujeto pasivo es quien resulta beneficiado del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos, su tratamiento y eliminación, es decir, el ocupante de la vivienda o local, por lo que en principio lo pagaría el que hace uso de la casa, que en el caso de alquiler, sería el inquilino.

Criterios legales 

El nuevo tributo  se enmarca dentro de «una regulación muy dispar que hace que cada ayuntamiento decida el criterio a partir del cual define su tasa», según afirma el secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Luis Martínez-Sicluna.
Las diferencias implican que, para determinar el gravamen, cada consistorio tomará sus propios criterios; algunos, por ejemplo, lo determinarán en base al consumo de agua por vivienda, otros en la referencia del catastro, incluso, en el número de residentes.
La FEMP recuerda que se opuso a que existan «distinciones» entre ayuntamientos y pide evitar «la discrecionalidad» y respetar la autonomía local.

¿Cuál es su coste?

Aunque no existen todavía muchos datos al respecto, la media estimada del coste anual entre municipios que la aplican en estos momentos está entre 80 y 150 euros anuales por inmueble, según los expertos.
Mientras que en algunos lugares el importe de la tasa es fijo, en la mayoría es variable de acuerdo a una serie de criterios como el valor catastral, calle, personas empadronadas, consumo de agua..., según la Organización de Consumidores (OCU).

Bonificaciones

En este tributo se contempla aplicar tasas diferenciadas para consumidores en riesgo de exclusión social; podrían tener en cuenta los ingresos, la condición laboral (desempleados, pensionistas), familiar o personal (familias numerosas, discapacidad...) y, también, la ubicación de la vivienda.

Equidad

La OCU insta a que el modelo no solo sea efectivo en la reducción de residuos sino también cómodo para los usuarios, «para que no tengan que estar comprando bolsas específicas o utilizando sistemas excesivamente complejos». Además, la tasa debería ser justa; lo más individualizada posible, sin que se calcule de manera generalizada por barrios para evitar que quienes reciclan correctamente se vean perjudicados por la acción de quienes no lo hacen.