El Ayuntamiento de Valladolid tiene previsto aprobar la ordenanza que regulará la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en un pleno el 30 de septiembre. Se certificará así la nueva normativa que impedirá el acceso a esta área, 1, 1 kilómetros cuadrados, limitada al tráfico más contaminante. Algo que afectará a unos 45.000 vehículos empadronados en la capital sin etiqueta ambiental, de los que casi el 80% son coches.

Una vez aprobada la ordenanza, la previsión es que el sistema de gestión de las cámaras de acceso esté operativa el 1 de enero de 2025. Aunque, desde la Concejalía de Tráfico y Movilidad ya se ha confirmado que en los seis primeros meses solamente se enviará información a los que accedan 'ilegalmente' a esta zona restringida. Las sanciones establecidas en la normativa son de 200 euros, aunque el próximo año solo se impondrán sanciones a los vehículos sin etiqueta ambiental, que son los diesel matriculados antes de 2006 y gasolina de antes de 2001.

La estadística de la Dirección General de Tráfico (DGT) sobre las características del parque móvil de la ciudad refleja que estarán afectados por esta prohibición unas 3.000 furgonetas, 37.000 automóviles, más de 4.600 motocicletas y 2.700 ciclomotores.  

La entrada en vigor no afectará exclusivamente a los empadronados en la capital, ya que son muchos los vallisoletanos que diariamente se desplazan hasta aquí desde sus localidades. En este supuesto, el parque móvil sin etiqueta ambiental asciende a 76.253, según los datos de la DGT a 31 de diciembre de 2023. Esta flota solo podrá entrar en el área delimitada como ZBE si se puede acoger a algunas de las excepciones que se recogerán en la nueva norma. 

Esos casos benefician a los que sean propiedad de personas físicas o jurídicas, empadronadas en la ZBE o los tengan en usufructo, renting, leasing, retribución en especie o como vehículo de sustitución. También se permitirá la circulación de vehículos de servicios de urgencias y de instituciones públicas, los que repartan suministros, los taxis y los autobuses de transporte público y turísticos. En el listado también se incluyen las flotas de empresas de mudanzas, servicios funerarios y vehículos de transportes, grúas de rescate y de auxilio en carretera.

Unas exenciones que se ampliarán, según ha avanzado el concejal de Tráfico y Movilidad, Alberto Gutiérrez Alberca. Su Concejalía tiene previsto incorporar algunas de las propuestas incluidas en las 70 alegaciones que ha recibido el texto de la ordenanza.

Alegaciones

Para eso habrá que esperar a la próxima semana, cuando en la Comisión de Movilidad se den a conocer los cambios en la normativa. En principio, parece claro que se rechazarán más de la mitad (46), ya que proponen ampliar la superficie de la ZBE, que redujo el actual equipo de Gobierno (PP y Vox) frente a la propuesta del anterior (PSOE y VTLP). 

Mejor suerte tendrán otras siete, de centros educativos concertados o asociaciones de este sector, que reclaman excepciones para garantizar el acceso de los vehículos de los padres de los escolares. Una de las premisas que asumieron tanto PP como Vox en campaña electoral y que tendrá su reflejo en la nueva regulación.

Gutiérrez Alberca ya ha adelantado en diversas ocasiones que es complejo admitir las más críticas, que reflejan las propuestas de la Federación de Comercio y Servicios de Valladolid y Provincia (Fecosva) y la Federación de Vecinos Conde Ansúrez. Ambas abogan por reducir a la mínima expresión esta área y ampliar mucho más el catálogo de exenciones. 

Así, parece descartada la limitación horaria que propone la Federación de Vecinos Conde Ansúrez. El equipo de Gobierno argumenta que no se puede admitir porque la ZBE se ha establecido de acuerdo a unos modelos y ahora «es muy difícil cambiar el modelo entero».

Aunque sí que se están considero la reclamación de esta federación para que los conductores que tienen alquiladas plazas de garaje en esta área, aunque no tengan contrato formal. En este sentido, se avanza que  no se solicitará el contrato de arrendamiento, pero sí que deberán facilitar información sobre el vehículo o vehículos que utilizan el estacionamiento. La idea es permitir dar más de una matrícula por plaza de garaje, pero sólo uno de ellos podrá estar dentro de la ZBE en un determinado momento. Es decir, que si un coche accede a primera hora al área restringida y queda registrado por las cámaras, el segundo vehículo asignado a la misma plaza de garaje no puede entrar hasta que salga o será sancionado.

Por su parte, Fecosva propone retrasar la entrada en vigor de las restricciones para vehículos sin etiqueta hasta el 1 de enero de 2030. Los comerciantes también quieren dilatar hasta el 1 de enero de 2035 las que afectan a los que tienen etiqueta B y hasta enero de 2040 para los que tienen etiqueta C. Igualmente, solicitan que la entrada en vigor de las sanciones se demore un año desde la entrada en vigor.

Informe económico

La aprobación de la ordenanza que regula la ZBE se acompaña de un análisis de las consecuencias en la competencia y el mercado de Valladolid con su entrada en vigor. Este informe, que se ha aportado en esta nueva tramitación, avanza que el comercio interior en la nueva área limitada al tráfico contaminante se incrementará un 2%. Un pronóstico positivo, que choca con los miedos de los comerciantes, que sí que reconoce algún efecto negativo en las calles que no son peatonales, como Marqués de Duero y San Ignacio. En este sentido, se resalta que se verán «minorizados» si se permite el acceso de los vehículos que tengan como destino los aparcamientos públicos, que en esta área ofertan más de 1.300 plazas. Además, se aconseja al Ayuntamiento seguir con la política de peatonalización de calles en la almendra central. Y a los establecimientos que están dentro del área se les recomienda implantar la compra online o el servicio de entrega puerta a puerta.