Agentes de la Guardia Civil de Valladolid detuvieron a dos personas e investigaron a una tercera por extorsiones a usuarios que solicitaban servicios sexuales a través de internet, en el marco de la operación 'Tosieda'. Se trata de individuos de diferentes nacionalidades, a los que se acusa como presuntos autores de delito de extorsión, amenazas, estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal en diferentes provincias españolas, según un comunicado de la benemérita recogido por Ical.

La operación comenzó el pasado 30 de abril, cuando una de las víctimas puso una denuncia en el Puesto Principal de la Guardia Civil de Zaratán (Valladolid), donde manifestó que había solicitado a través de internet servicios sexuales y que a los pocos días comenzó a recibir amenazas telefónicas, así como por Whatsapp, donde le exigían dinero a cambio de no enviarle a su domicilio un sicario.

Las amenazas recibidas fueron, según la Guardia Civil: "Tengo 10 de mis mejores hombres estacionados cerca de la zona de su localidad esperando que usted me dé una respuesta, me pague, ya que si no me respondes o me bloquea le doy la orden que me lo ejecuten y me lo traigan acá a nuestro rancho para hacerle pagar a la mala o que lo levanten de inmediato y me traigan su cabeza acá. No quiero involucrar a su familia. Espero su respuesta si quiere arreglar esto por las buenas o procedemos por las malas. Le daré 2 opciones. Una, pagar la multa y quedar totalmente en paz y este problema olvidado, o dos, pagar con sangre y morir y que su familia mueran hoy mismo. Usted dígame señor".

Se trata del conocido como 'El timo del sicario', que lleva desde finales de 2020 expandiéndose por España, especialmente en las grandes urbes y procedente de Latinoamérica. La Guardia Civil, desde el inicio de la operación, ha localizado a 12 personas perjudicadas por delito de extorsión, por un total de 10.000 euros.

Las víctimas, a través de distintas páginas web, iniciaban contactos con mujeres con las que llegaban a diferentes acuerdos sexuales. Poco tiempo después de los encuentros, los perjudicados comenzaban a recibir amenazas telefónicas, pidiéndoles grandes cantidades de dinero tanto en efectivo como por transferencia bancaria y de no hacer entrega del dinero, un sicario acabaría con sus vidas.

Para dotar de credibilidad a sus pretensiones, los autores investigaban a fondo la vida privada del sujeto a través de internet. Localizaban a su círculo cercano y encontraban información de situación laboral. El objetivo en todo momento era llegar a conseguir el mayor desembolso económico posible por parte de la víctima.

Por otro lado, los detenidos e investigados, en sus perfiles, se aseguraban de poner fotos con un semblante amenazante, incluyendo personas encapuchadas y portando armas. Asimismo, remitían a las víctimas amenazas que contenían fotografías con contenido escabroso, cuerpos mutilados, decapitaciones y amputaciones, así con vídeos de personas encapuchadas empuñando armas cortas y largas.

Del mismo modo, las llamadas que realizaban se hacían a través de números de teléfono tanto españoles como de República Dominica y con personas de acento extranjero en tonos amenazantes. Para que este grupo criminal se hiciese con el efectivo de los perjudicados, facilitaban a las víctimas cuentas bancarias de "mulas económicas", que previamente habían sido captadas por la organización criminal. Una vez que las mulas recibían el dinero de las víctimas, realizaban retiradas en efectivo en cajeros para entregar el dinero en mano al líder de la organización, recibiendo por ello una compensación económica.

El grupo criminal se encontraba ubicado en Madrid. Los componentes se organizaban según distintas labores: un componente era el cabecilla, tomaba el rol de captador de mulas y líder de la estructura y los otros dos eran mulas económicas al ser titulares del líneas telefónicas y cuentas bancarias utilizadas dentro de la organización para cometer los hechos.

Las detenciones se han llevado a cabo por la Guardia Civil de Valladolid en dos fases de explotación, entre Madrid y Valladolid. La Guardia Civil ha instruido las diligencias que han sido puestas a disposición del Juzgado de Guardia.