España es el segundo país de la Unión Europea, solo por detrás de Grecia, donde menos eficaces están siendo las políticas sociales para combatir la pobreza infantil, en la que están en riesgo de caer ya 2,8 millones de niños, el 33,8 por ciento de la población menor de edad. Así lo explica el informe Pobreza infantil y Exclusión Social en Europa, presentado ayer en seis países, del que se desprende que cerca de 27 millones de menores corren el riesgo de caer en esta situación en la Unión Europea más Islandia, Noruega y Suiza, cifra que se ha incrementado en un millón entre 2008 y 2012, medio millón solo en ese último año.
Frente a esta situación, hay países que ponen en marcha políticas sociales que funcionan y otros que no. Es el caso de España, donde uno de cada tres niños vive ya bajo el umbral de la pobreza sin que las subvenciones públicas hayan conseguido amortiguar estas tasas más allá del 6,9 por ciento, según el informe. En los países nórdicos, la política social ha conseguido recortar esta situación en un 18 por ciento en plena crisis.
«Nuestro país está a la cola de Europa, junto con Grecia, en capacidad de reducir la falta de recursos en el colectivo infantil con ayudas sociales. Antes de las prestaciones, el porcentaje neto de niños bajo el umbral de la pobreza es en España de un 36,8 por ciento. Con las ayudas, un 6,9 por ciento de ellos salen de ese parámetro, de manera que la tasa se sitúa en el 29,9. Comparando España con Irlanda, país que ha sufrido una situación económica similar, sus prestaciones han conseguido reducir la pobreza infantil en 32 puntos, pasando de un 49,1 por ciento a un 17,1», explica Save The Children.
Estas ayudas sociales abarcan desde las transferencias económicas por hijo a cargo hasta las viviendas sociales, las becas de comedor o el salario mínimo o si quedan cortas, o son incompatibles entre sí o no llegan a toda la población que las necesita. Como ejemplo, la organización destaca que la ayuda actual a familias en exclusión por cada hijo a cargo es de 24 euros al mes.
Difícil coyuntura. Las prestaciones, de por sí «escasas e ineficaces», se han visto reducidas con la crisis económica, conforme señaló la coordinadora del informe, Esther Asín, y no tienen en cuenta la perspectiva de los derechos de la infancia. En Irlanda, por contra, el abordaje ha sido más eficaz «porque se han centrado en los niños desde la educación, la vivienda y el empleo», es decir, todos los ámbitos que concurren en la pobreza de una familia.
En este contexto, la organización ve el plan de inclusión social aprobado por el Gobierno en diciembre, con 17 millones para pobreza infantil, como insuficiente. «Está lleno de buenos propósitos pero echamos de menos compromisos concretos, indicadores de seguimiento y una dotación económica más generosa. Son 17 millones en cuatro años, es decir, 1,5 euros por niño y año, algo claramente insuficiente. Pedimos que se priorice la infancia como colectivo de intervención», señaló el director deneral de la organización, Andrés Conde.
El informe aborda la realidad multidimensional de la pobreza infantil y trata desde la situación laboral de los padres, «la mera participación en el mercado laboral no es necesariamente suficiente para escapar de la pobreza», hasta las condiciones de la vivienda y la situación escolar de los niños de cada uno de los 31 países analizados, para concluir que acabar con la pobreza «supone tomar las decisiones políticas adecuadas», que están al alcance de todos los Estados, al margen de su PIB.
Sobre Educación, Asín recordó que España encabeza el área comunitaria en abandono escolar temprano, con un índice del 25 por ciento frente a la media comunitaria del 15 por ciento, para advertir, además, de que existe mayor riesgo de exclusión en hogares cuyos cabezas de familia no lograron ejecutar estudios más allá de la Secundaria.