El grupo municipal Valladolid Toma la Palabra recoge desde hoy en el Ayuntamiento de la ciudad firmas en apoyo de la Iniciativa Legislativa Popular para que la tauromaquia deje de ser reconocida como patrimonio cultural en España. "Tenemos hasta el mes de noviembre para recoger las 500.000 firmas necesarias para iniciar el debate en el Congreso", apuntó el concejal Jonathan Racionero. "Animamos a todas aquellas personas que lo deseen a que se acerquen hasta nuestro grupo municipal. Es muy importante que esta propuesta salga adelante con el apoyo de todos y todas", indicó en un comunicado.
Desde la formación denunciaron, además que, en la actual feria taurina de San Pedro Regalado, la empresa organizadora de estos eventos, Tauroemoción, ofrece entradas y bonos de descuento para que los menores de edad puedan acceder, lo que en su opinión vulnera la Ley de Promoción, Atención y Protección a la Infancia de Castilla y León, que en su articulado prohíbe la entrada de menores en los establecimientos, locales o recintos donde tengan lugar actividades o espectáculos violentos, pornográficos o de contenido perjudicial para el correcto desarrollo de su personalidad.
Asimismo, recordaron que, en noviembre del año 2015, el pleno de la Corporación municipal acordó, por unanimidad, solicitar a Unicef iniciar los trámites para la obtención de la renovación del Sello de Reconocimiento Ciudad Amiga de la Infancia. En el cuerpo de aquella moción, Esta Corporación municipal, acordó apostar de forma decidida, por el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño y de la Niña. Este hecho volvió a acontecer en el año 2021, renovando este sello hasta el año 2025.
"Creemos que esta cuestión debería de tener el consenso de toda la sociedad. No se debe de permitir que niños, niñas y jóvenes menores de edad puedan acceder a un espectáculo basado en el sufrimiento y maltrato de seres vivos", señaló el edil de VTLP. Además, precisó que la aceptación de esta Convención obliga a considerar la tauromaquia como una actividad violenta en la que, exponer a niños y niñas vulnera claramente sus derechos a la integridad física, mental y emocional.