La Fiscalía de Valladolid solicita, con carácter provisional, penas de cuatro años de prisión para un empresario agrícola de Siete Iglesias de Trabancos, de nacionalidad española, y su colaborador, de origen rumano, a los que acusa de explotar a operarios de la misma nacionalidad, sin contrato y percibiendo cantidades muy por debajo de las estipuladas en convenio.

El banquillo de la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia de Valladolid lo ocuparán los días 25 y 26 de noviembre E.A.G.P, alias 'Guillermo', representante legal de la mercantil Agrocepybat S.L, y el ciudadano rumano N.O.P, a los que la acusación pública imputa un delito continuado contra los derechos de los trabajadores, el primero de los acusados en concepto de autor y el segundo como cooperador necesario, y, amén de la citada pena privativa de libertad, solicita a cada uno de ellos una multa de 4.500 euros, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Por lo que respecta a la mercantil, Fiscalía de Valladolid pide la paralización de su actividad por espacio de cinco años y su inhabilitación para percibir subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios fiscales o de Seguridad Social por un plazo de quince año.

En su relato de hechos, la acusación pública sostiene que el empresario, con actividad de tratamiento de cebollas y patatas, se dedicó en los meses de octubre a diciembre de 2018 a la captación de personas extranjeras, principalmente de nacionalidad rumana, para realizar trabajos agrícolas tanto en el campo como en la nave que tenía en Siete Iglesias de Trabanco, imponiéndoles unas condiciones laborales que abiertamente contravenían la normativa laboral.

SITUACIÓN DE NECESIDAD

Para tal tarea, siempre según la versión acusatoria, contó con la colaboración del también acusado y capataz, N.O.P, quien, bajo la dirección del anterior, se encargaba de reclutar a compatriotas ofreciéndoles unas condiciones de trabajo muy precarias en el conocimiento de que éstos se verían obligados a aceptarlas debido a su situación de necesidad y vulnerabilidad.

Así, los acusados habrían puesto a trabajar a distintos operarios sin contrato alguno, seguro y alta en la Seguridad Social con salarios de entre 4 y 5,50 euros a la hora, jornadas de trabajo de hasta 13 horas, una para comer y un día de descanso semanal.