La Policía Nacional ha desarticulado en la comarca de Medina del Campo una organización criminal acusada de explotar laboralmente a decenas de personas en trabajos como temporeros en regimen de esclavitud. El sueldo establecido era de 5,50 euros la hora (pero rara vez se llegaba a percibir), no había descansos ni vacaciones ni días libres y, además, la red obligaba a las víctimas a vivir en pisos en condiciones de hacinamiento. Hay once detenidos, una mujer hondureña y diez rumanos, y se ha logrado liberar a nueve personas, así como la intervención de más de 20.000 euros en efectivo y cinco vehículos.

La investigación arrancó tras la denuncia de tres presuntas víctimas y las pesquisas policiales han dado ahora sus frutos. Los agentes han descubierto que los presuntos explotadores captaban a sus víctimas en Rumanía, "entre los estratos socioeconómicos más bajos del país" y bajo la promesa de "un trabajo digno en España", tal como explican fuentes policiales. "Eran personas vulnerables con un bajo nivel educativo, una situación económica muy precaria y con un desconocimiento total del idioma y de la legislación española.  La organización se hacía cargo de la compra de los billetes de autobús en los que se trasladaban hasta España, y una vez aquí, eran alojados en pisos en la localidad de Medina del Campo, donde vivían hacinados en condiciones deplorables y sin suministros, obligados a dormir en el suelo en habitaciones compartidas por hasta siete personas y debiendo además pagar por ello 150 euros", detallan.
VIOLENCIA Y AMENAZAS

Los explotadores, que, según la Policía, no dudaban en emplear la violencia y las amenazas para controlar a los trabajadores, utilizaban furgonetas para desplazarles por diferentes localidades donde faenaban en los campos "en jornadas sin descanso de hasta 12 horas". "Desconocían si estaban dados de alta en la Seguridad Social, no tenían derecho a vacaciones ni días libres y su salario era de 5,50 euros la hora, dinero que no solían recibir", apuntan. 
Además, los agentes constataron que, presuntamente, los detenidos utilizaban a algunos de esos trabajadores como testaferros. Para ello, abrían cuentas bancarias a sus nombres en las que ingresaban el dinero que recibían de los agricultores con los que trabajaban, encubriendo de esta manera esas cantidades a la Hacienda Pública. 
Durante la investigación policial también se pudo constatar que uno de los principales miembros del entramado desarticulado se dedicaba a su vez a la falsificación de permisos de conducir extranjeros, principalmente rumanos y ucranianos, tal como se desprende de la investigación realizada durante la llamada Operación Botella.

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Los once arrestados están acusados de los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, contra el derecho de los trabajadores, falsedad documental y pertenencia a organización criminal.