El Sector de Justicia de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO en Valladolid denunció hoy las “trabas” que pone el Ministerio de Justicia a las parejas de hecho que trabajan en la ciudad a la hora de solicitar permisos. “Parece que la ministra de Justicia está más ocupada en otros menesteres que en evitar la discriminación a la que somete a las personas funcionarias de Justicia que se registran como parejas de hecho, al negarles los permisos correspondientes”.
Según el sindicato, la Gerencia de Justicia del ministerio en Valladolid ha denegado el disfrute del correspondiente permiso de 15 días a un funcionario tras registrarse como pareja de hecho, al no haber contraído “matrimonio”. Si bien en un primer momento se le concedieron los días, y empezó a disfrutar del permiso, a posteriori rectificaron y alegaron un error e hicieron incorporarse a su puesto de trabajo al funcionario afectado, restándole de sus vacaciones los días ya disfrutados, según el ministerio, “indebidamente”.
“Que en el año 2019 el Ministerio de Justicia esté interpretando torticeramente una realidad social, por el que el cónyuge se debe equiparar a la situación de persona con análoga relación de afectividad, y el matrimonio a las parejas de hecho entendidas como unión estable de dos personas entre las que existe un vínculo afectivo similar al del matrimonio, es incomprensible a todas luces”, afirma el delegado de CCOO, Raúl Franco.
“Con este proceder el Ministerio niega la vocación del Estatuto Básico del Empleado Público de facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral, así como el respeto que en todo momento debe guardarse a los principios de igualdad, contenidos en la Constitución Española, unido a lo dispuesto en el artículo 3 del Código civil que señala que las normas deben interpretarse conforme a la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas", añade, para precisar que esto determina la necesidad de realizar una interpretación extensiva de los preceptos relativos a los permisos a que tienen derecho las personas funcionarias públicas, a todos los derechos, permisos y licencias.
“La señora Delgado no está cerrando bien su etapa como ministra”, añade Franco, quien concreta que este es uno de los ejemplos de que en el Ministerio de Justicia no se cumple con la igualdad, ni evita las discriminaciones que está realizando su equipo, “caso de la desigualdad salarial que soportan los funcionarios de Justicia respecto a las comunidades autónomas transferidas, con diferencias de hasta 575 euros brutos mensuales, o la no extensión del complemento de productividad a todos los cuerpos funcionariales, amén de atender con prioridad a intereses de determinados colectivos frente al interés general, despreciando la negociación y utilizando la imposición como forma de trabajo”.