Más de 6,5 millones de coches en España tienen, al menos, un accesorio de posventa instalado en su interior sin homologación y sin ningún control de seguridad obligatorio por parte de las administraciones públicas.

Así se desprende de un estudio llevado a cabo por la empresa tecnológica enfocada en la seguridad vial infantil Rivekids, con sede en Valladolid, que explica que estos elementos para vehículos que se instalan después de la compra del mismo están sumidos en un "vacío legal".

Según la empresa, el 53 por ciento de los productos 'aftermarket' que están en la parte delantera del coche tienen que ver con dispositivos electrónicos, como por ejemplo el teléfono móvil.

El director general de Rivekids, José Lagunar, ha explicado que un teléfono móvil de unos 135 gramos podría impactar sobre un ocupante en caso de accidente si va sobre un soporte "que nadie ha verificado su seguridad". "El móvil, en un impacto, se transforma en un auténtico proyectil, que podrá causar lesiones muy graves a los ocupantes", lamenta Lagunar.

El estudio revela que, el 45 por ciento de los automóviles con un sistema de retención infantil instalado también tiene al menos un dispositivos de 'aftermarket' en la segunda fila de asientos.

"Todos estos accesorios, denominados 'aftermarket', están sobre asientos, lunas, salpicaderos, salidas de aire y cinturones de seguridad del coche y todos ellos, de alguna forma, tienen una interferencia con elementos de seguridad del vehículo, son proyectiles en potencia o ambas cosas. Especialmente los dispositivos electrónicos, que además pueden interferir con el airbag u otros elementos, son también un foco de distracción para el conductor y limitan su campo de visión", añade Lagunar.

Ante esta situación, la empresa vallisoletana ha pedido a las administraciones públicas que desarrollen un protocolo de verificación técnica en seguridad que contemple todos los accesorios 'aftermarket' del coche.

"Vivimos en un peligroso vacío legal que afecta a diario a la seguridad vial de millones de personas, por eso pedimos a las distintas administraciones públicas que tomen cartas en el asunto, creando un protocolo que verifique y certifique la seguridad de todos los 'aftermarket', y que sea de obligado cumplimiento para todos los fabricantes, antes de vender los accesorios en el mercado", reivindica el directivo.