Castilla y León se mantiene un año más como una de las comunidades de régimen común con menor presión fiscal a los ciudadanos gracias a los tipos y deducciones que aplica en tributos como el IRPF, Sucesiones o Patrimonio. Así se desprende del informe sobre el panorama de la fiscalidad autonómica y foral 2022 en el que el Registro de Asesores Fiscales del Consejo General de Economistas sitúa a Castilla y León como la cuarta con el impuesto de sucesiones más bajo, la tercera en patrimonio y una de las que presenta un IRPF con menores gravámenes. No obstante, en lo que se refiere al Impuesto de las Rentas para las Personas Físicas, las ventajas fiscales que ha adoptado la Junta de Castilla y León tienen especial incidencia en las rentas más altas –por encima de 100.000 euros anuales–, donde solo los trabajadores de la Comunidad de Madrid pagan menos IRPF. Sin embargo, en cuanto las rentas más bajas –entre 16.000 y 30.000 euros anuales–, Castilla y León se encuentra a mitad de la tabla autonómica, llegando incluso a superar la media nacional para aquellos con rentas del trabajo por valor de 20.000 euros anuales.
El informe resalta como principales novedades de 2022 que en el IRPF rebajan sus tarifas Andalucía, Galicia, Madrid y Murcia –las cuatro con presidentes del PP–, mientras que Castilla y León, también gobernada por los populares no se efectuó ninguna bajada ya que ya tenía el tipo mínimo establecido. Si que hace mención a la eliminación de Impuesto de Sucesiones y Donaciones, algo que la coloca como la cuarta de España con menor tributación, solo por detrás de Andalucía, Cantabria y Galicia en el caso de las Sucesiones, que tienen bonificado al cien por cien este gravamen, y de Cantabria, Madrid y Andalucía para las Sucesiones.Una diferencia que lleva a que si un hijo de 30 años recibe de su padre 800.000 euros en efectivo en Castilla y León tenga que pagar 2.001,23 euros, frente a los 200.122,67 euros de Extremadura o los 175.000 de Aragón.
En este sentido, el estudio de los economistas advierte que desde hace tiempo se produce «una competencia fiscal a la baja» cuando los contribuyentes son familiares cercanos del causante o del donante, utilizando para ello, en la mayoría de los casos, la regulación de bonificaciones o de importantes reducciones.
En lo que respecta al Impuesto de Patrimonio, sobre el que los economistas afirman que «convendría plantearse si merece la pena mantenerlo a contracorriente internacional», el texto señala que Castilla y León mantiene el mínimo exento de 700.000 euros y aplica la tarifa estatal, lo que la sitúa solo por detrás de Madrid –tiene una bonificación del 100%– y Galicia –del 25%–. Según los economistas, si un contribuyente cuenta con un patrimonio de 800.000 euros en Castilla y León tendría que tributar 200, frente a los 1.100 de Extremadura y Aragón.
En sus conclusiones, el texto constata una evolución positiva de los ingresos tributarios ligados a la financiación de las comunidades autónomas, especialmente en los cedidos parcialmente como el IRPF y el IVA, como también ha ocurrido con los ingresos tributarios del Estado.