El Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS) considera que, la posibilidad de gravar con IVA la actividad sanitaria privada, "supone un ataque contra un sector generador de riqueza y pone en jaque al sistema sanitario global", por el probable trasvase al sector sanitario público de miles de asegurados que pagan una doble cobertura, y de cientos de miles de consultas, pruebas e intervenciones que estas personas realizan en la sanidad privada.
A su juicio, la posibilidad de que esta medida esté siendo estudiada para el borrador de Presupuestos que prepara el Gobierno, contradice el último informe de la AIReF que alerta de los perjuicios de eliminar dicha exención al IVA. "Tal como estima este informe, aunque esta medida de entrada aumentaría la recaudación de las administraciones públicas, generaría costes superiores a esos ingresos al tener que financiar el sistema nacional de salud una parte de los servicios que ahora asume la sanidad privada, con lo que el resultado sería negativo para las arcas públicas", señalan.
El motivo, continúan, es que "se produciría un trasvase de pacientes desde el sistema privado al obligar a soportar un impuesto añadido al precio del servicio sanitario o al importe de la prima del seguro". Actualmente, 8,7 millones de personas tienen un seguro privado complementario en España, lo que implica un ahorro estimado mínimo de 5.000 millones de euros para el sistema público que podría sobrepasar los 11.000 millones en el caso de un uso intensivo de los servicios aportados por la sanidad privada.
Pero, además, el sector privado lleva a cabo el 30,5% de las intervenciones quirúrgicas (1,6 millones) de las intervenciones quirúrgicas, registra el 23,5% (1,3 millones) de las altas y de los ingresos y atiende el 24,5% (7,3 millones de las urgencias) en todo el territorio nacional. Por tanto, "una medida como esta tendría un impacto muy relevante de sobrecarga asistencial y presión financiera al sistema", reitera.
Por otro lado, la eliminación de los beneficios fiscales de la sanidad privada va en contra de los criterios establecidos por la Unión Europea. Asimismo, señalan que implicaría "un gran impacto en el sector hospitalario privado y podría verse comprometida su viabilidad con el desequilibrio que esto supondría para el sistema sanitario público y para el sistema en su conjunto".
"Un dato a tener muy en cuenta especialmente en situaciones de crisis sanitaria y de incremento constante y sostenido de las listas de espera quirúrgica, de pruebas diagnósticas, de consulta especializada y atención primaria que se encuentran ya en cifras inadmisibles dado el recrecimiento motivado por la pandemia por el SARS-Cov-2 (COVID-19)", advierten.
Desde la Fundación recuerdan que la colaboración entre sector público y privado en sanidad es "indispensable para la supervivencia de ambos sectores, así como para la sostenibilidad y la solvencia del sistema de salud en general". Además, "atiende con sorpresa, una vez más, a un planteamiento que, lejos de buscar intentar normalizar la colaboración entre sectores y crear soluciones para la mejora de la asistencia sanitaria en España, ataca indiscriminadamente a un sector que emplea en España a 269.515 profesionales, que está desempeñando un papel imprescindible durante la crisis de COVID-19 gracias a sus recursos (458 hospitales con 51.212 camas) y que genera riqueza".