El (casi) idílico estado de salud al que había llegado la Administración de Justicia en Valladolid en 2016 es ya historia. El atasco, lejos de seguir mitigándose, ha vuelto a crecer y está en 18.603 casos, de los que seis de cada diez son del ámbito civil. Cada juzgado arrastra una media de 422 asuntos pendientes, lo que confirma la tendencia al alza que se apuntaba ya en 2017, cuando se contabilizó una subida del 25%, que, sumada al 12% del último año, arroja un repunte superior al 40%, tras encadenar hasta seis ejercicios de reducción de la pendencia.
Las reformas legislativas de 2015 y la crisis económica habían dejado en menos de la mitad el alarmante atasco de casos sin resolver que se acumulaban sin solución en los 44 juzgados y tribunales de la provincia y que llegaron a ser más de 28.000 al cierre de 2010, para ir bajando de forma progresiva hasta los poco más de 13.000 con que se acabó el prometedor 2016. Así, se pasaba de 667 pendientes por juzgado (de media) a 304, la mejor cifra desde que hay registros (2002).
Los sindicatos judiciales alaban el «compromiso, responsabilidad y esfuerzo» de los funcionarios para «seguir prestando un servicio de calidad, a pesar de las carencias» con las que afirman trabajar. Así, el delegado de CCOO en los Juzgados, Raúl Franco, recuerda el «recorte del 5% de los salarios perpetrado en 2010» o la desoída reivindicación de «una subida del complemento específico en todos los cuerpos de la Administración de Justicia del ámbito no transferido, de, al menos, 300 euros». Un discurso, éste del compromiso a pesar de todo, que también asume la judicatura, que reclamar «más y mejores medios», aunque el poder judicial asume que «no se tienen competencias ni para comprar un boli», tal y como recuerda Emilio Vega, juez decano de Valladolid y titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer.
Pero el esfuerzo de magistrados, secretarios, funcionarios... para dar respuesta a este sempiterno atasco se está topando en los dos últimos años con la cruda realidad de un progresivo aumento de la actividad, a resultas de la salida de una crisis en la que, en cambio, continúan sumidos todavía los juzgados de la capital, tras más de ocho años sin concesión de más refuerzos que dos o tres jueces temporales de apoyo allá donde la situación iba camino de hacerse insostenible.
INFORME FAVORABLE DEL CGPJ
Así han estado sobreviviendo en la jurisdicción Social, sobre todo, y así seguirán salvo que el Ministerio asuma las recomendaciones que se recogieron hace justo un mes en la última reunión de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que dio su aval a dos de las peticiones que se habían trasladado desde la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL): la puesta en marcha del Juzgado de lo Social número 5 y del de Primera Instancia 16. Serían los únicos juzgados a crear este año en la región, junto a la concesión de una plaza más de magistrado en la Audiencia Provincial de Ávila.
«Pero la última palabra en todo es del Gobierno», recuerda el juez decano, quien explica que «el CGPJ lo único que hace es informar al Ministerio de cara a la aprobación de un Real Decreto de creación de 75 juzgados que se está preparando, al parecer». «Pero en el informe del Consejo hay más de 75 juzgados, con lo que la última palabra sobre creación de nuevos órganos será del Gobierno», apostilla Vega.
Con las cifras de 2018 sobre la mesa, en efecto, Primera Instancia y Social son las jurisdicciones que peor están. En el caso de los quince civiles de Valladolid, la situación más preocupante está en los tres especializados en Familia, por lo que la idea de la judicatura es que, de crearse el número 16, iría a esta jurisdicción. Los doce de Primera Instancia acabaron el año con una media de 695 casos pendientes (la pendencia, en el argot jurídico), mientras que los tres de Familia lo hicieron con 494, de media; en su conjunto, cada uno de los quince órganos asumía ya un atasco de 655 expedientes.
JUZGADOS DE FAMILIA
En estos últimos cinco años, los procesos de Familia (divorcios y derivados) han crecido en un 18%, mientras que los civiles (preferentes, cláusulas suelo, desahucios...) lo han hecho en un 30%, y todo sin que se creara ni un solo juzgado más; con los mismos 15 que hay desde finales de 2010. Por ello, el atasco se ha ido disparando y se encuentra a solo un ‘escalón’ de las cuotas que se manejaban en 2009, cuando cada juzgado de Primera Instancia tenía en el cajón 769 asuntos de media, lo que forzó la creación en un año de dos juzgados, el 14 y el 15.
En Social, las cifras de entrada de asuntos se incrementaron en un 18% en estos cinco años, lo que ha contribuido de forma decisiva a una subida del atasco del 40%. Los cuatro juzgados de lo Social han visto como arrastraban una media de 1.111 asuntos en 2013, números que caían a 360 en 2016 -apoyados por dos jueces de refuerzo- y que, ahora, llevan ya dos años volviendo a crecer hasta alcanzar esos 646 que se recogen en la última estadística hecha pública por el CGPJ, relativa a la actividad judicial durante el año 2018.
La salida de la crisis ha vuelto a disparar la cifra de demandas en el ámbito laboral, lo que ha hecho que el atasco en estos juzgados se elevase un 80% en solo dos años. Por ello, el TSJCyL volvió a incluir en su memoria de necesidades un Social 5 que, en esta ocasión, sí que estará en las recomendaciones de creación de órganos que hace cada año la Comisión Permanente del Poder Judicial, pero que en ningún caso son vinculantes. «Social 5 es lo más urgente, porque el registro de entrada de asuntos está más del 60% por encima de lo que marca el módulo del CGPJ», enfatiza Emilio Vega.
GUARDIAS DE 72 HORAS
Pero hay más necesidades con las que mejorar el día a día en Valladolid. El juez decano recuerda que, ante la imposibilidad actual de implantar la nueva Oficina Judicial la ciudad necesita que se cree «una oficina común de registro y reparto de los asuntos penales, porque esa es una tarea que hacen los funcionarios de los juzgados de Instrucción en funciones de guardia y que es algo que genera sobrecarga de trabajo». En esta línea, se pide la creación de un servicio de guardia de 72 horas, con una plantilla «adecuada» y que, así, se desechase el actual modelo de guardias que paraliza la labor de los juzgados de Instrucción ocho días cada cinco semanas y que no contribuye a una agilización de las investigaciones judiciales y que no haya procesos que tarden años en llegar a juicio.
Sobre creación de más órganos, además de los de Social y Primera Instancia, se pide otro juzgado más de lo Penal (sería el número 5) y otro de Instrucción (el 7). En julio de 2018 ya se consiguió la puesta en marcha del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Medina del Campo, que era otra de las reivindicaciones históricas de Valladolid y cuya entrada en servicio durante la segunda mitad del año consiguió frenar el crecimiento del atasco e, incluso, reducirlo en un dos por ciento.
Ese leve descenso de la pendencia también se ha dado en Violencia sobre la Mujer (4%) y Mercantil (3%), si bien la mejora más destacada es la de los juzgados de lo Penal, que han reducido en un 27% su atasco (sin contar ejecutorias). En el otro lado de la balanza, los otros 34 juzgados y tribunales de la provincia.