El Gobierno ha dado carpetazo definitivo a la política de dispersión de presos etarras. Instituciones Penitenciarias dispuso el pasado jueves el traslado de siete presos de la organización terrorista. Tres de ellos han sido derivados a cárceles del País Vasco y los otros cuatro ingresados en centros penitenciarios cercanos a Euskadi.

Entre los terroristas beneficiados por la nueva política penitenciaria puesta en marcha por el Gobierno de Pedro Sánchez se encuentra Iñaki Bilbao, que no solo ha manifestado en varias ocasiones que no se arrepiente de sus actos criminales, sino que ha mostrado siempre su voluntad de seguir con la lucha armada y la violencia, incluso en solitario. «Si me dieran otra oportunidad en esta vida cogería un arma y retomaría la lucha armada aunque fuera solo», aseguraba en uno de los juicios a los que se ha enfrentado en la Audiencia Nacional. Bilbao Goicoetxea, que cumple una condena de 68 años de cárcel por el asesinato, entre otros, del concejal del Partido Socialista en Orio Juan Priede Pérez, ha abandonado el Centro Penitenciario Puerto III de Cádiz para ingresar en el de Topas, en Salamanca.

De la prisión de Puerto III no solo saldrá Iñaki Bilbao, uno de los presos de la organización terrorista que más crítico se ha mostrado con el final de la banda y con las posiciones defendidas por la izquierda abertzale actualmente liderada por Arnaldo Otegi. También lo han hecho Daniel Pastor, Jesús María Echevarría y Óscar Barreras. Todos ellos, condenados por delitos de sangre, han sido trasladados a penales de Zaragoza, León y Logroño. Con estos acercamientos, no quedan etarras en cárceles andaluzas y todos los terroristas que cumplen condena lo hacen en Madrid o en centros penitenciarios del norte de España.

El ministro Fernando Grande-Marlaska ha necesitado tan solo dos años para poner fin a una política diseñada por el Gobierno de Felipe González a finales de 1980 para desbaratar el frente de makos, que tan buenos resultados dio en la lucha antiterrorista. Desde el verano de 2018, el goteo de traslados ha sido incesante y ha culminado a tres meses de que el Gobierno vasco asuma la competencia de prisiones.

Existe el riesgo de que lo ocurrido con los nueve presos del procés, que fueron trasladados a cárceles catalanas para suavizar con privilegios vedados a otros internos su estancia en prisión, tal y como denunciaron los funcionarios de prisiones, pueda convertirse en un calco mimético de lo que vaya a pasar con los reclusos de la banda terrorista, muchos de los cuales no se arrepienten de sus atrocidades. Si esto pasara será una ignominia para este gobierno, que parece más atento a las demandas nacionalistas que a la justicia y la dignidad.