Aunque la mayoría de los indultos pasan desapercibidos, muchos han tenido nombre propio por la repercusión social de la medida adoptada por el Gobierno y por el peso político del condenado, desde un exministro del Interior a un expresidente autonómico.
Fue el Ejecutivo de José María Aznar el que aprobó en 1998 las medidas de gracia para el exministro José Barrionuevo y el ex secretario de Estado de Seguridad Rafael Vera, miembros del gobierno de Felipe González y condenados a 10 años de cárcel por su implicación en la guerra sucia contra ETA, en concreto, por el secuestro de Segundo Marey por los GAL. La Fiscalía se opuso ante la falta de arrepentimiento y al considerar que no eran «de justicia», pero el Tribunal Supremo informó a favor.
Años antes, Juan Hormaechea había hecho historia al convertirse en el primer presidente autonómico condenado por los tribunales. El exmandatario cántabro fue castigado en 1994 a seis años de cárcel y 14 de inhabilitación por prevaricación y malversación de fondos públicos, pero el último Ejecutivo de Felipe González le concedió un indulto parcial de la pena de prisión. Aquella condena acabó siendo anulada por el Constitucional, pero no fue la única a la que hizo frente Hormaechea a lo largo de su vida.
Jesús Gil recibió dos medidas de gracia a lo largo de su vida - Foto: AURE HORMAECHEAEl indulto también ha beneficiado a alcaldes, como Jesús Gil. En 1994, el Gabinete socialista concedió la medida de gracia al primer edil de Marbella tras una condena de dos meses de arresto y suspensión de cargo público por un delito de estafa. Gil, que tuvo una larga trayectoria en los tribunales por su gestión en Marbella y al frente el Atlético de Madrid, ya había sido indultado años antes por el general Franco, previo pago de 400 millones de pesetas, cuando fue condenado por imprudencia temeraria, a raíz del hundimiento del restaurante de la urbanización Los Ángeles de San Rafael, donde murieron 58 personas.
Entre los indultos a políticos, está también el que se concedió en 2000 al exdiputado socialista Carlos Navarro, junto a Luis Oliveró y Alberto Flores, tres de los condenados por el caso Filesa, de financiación irregular del PSOE. Sus penas de prisión, de entre 10 y 11 años por falsedad continuada en documento mercantil, delito fiscal y delito contra la Hacienda Pública, fueron rebajadas a la mitad.
En 2012, el Consejo de Ministros sustituyó por sendas multas las penas de cárcel impuestas al exsecretario general del Departamento de Trabajo de la Generalitat Josep Maria Servitje y a Víctor Manuel Lorenzo Acuña, empresario de UDC, encausados en el caso Treball. Desde entonces las medidas de gracia en casos de corrupción han prácticamente desaparecido.
Jaume Matas ha solicitado en varias ocasiones el 'perdón' de su pena - Foto: Clara MargaisSegún los datos recopilados por la Fundación Civio, desde 1996 se han concedido 227 indultos a condenados por corrupción, la mayoría por delitos de prevaricación y malversación: 139 durante los gobiernos de José María Aznar; 62 con José Luis Rodríguez Zapatero; y 16 con Mariano Rajoy.
Otros, sin embargo, no han prosperado, como los solicitados por el expresidente balear Jaume Matas, el exalcalde de Marbella Julián Muñoz y el expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra.