La polémica con la vacunación de personas que no se encuentran en el primer grupo establecido en el protocolo de inoculación se está extendiendo a cada vez más sectores, y ya alcanza a, al menos, 700 ciudadanos en solo un mes, de los cuales la mayoría son políticos, altos cargos, sindicalistas liberados, o miembros de la cúpula militar, entre otros. De estos cargos públicos, tan solo nueve han decidido dimitir y uno de ellos ha sido cesado, por lo que en total solo 10 personas han dejado su puesto por vacunarse cuando no les correspondía.
Una de las renuncias más sonadas fue la del ya ex Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), el general Miguel Ángel Villarroya, que presentó su dimisión tras conocerse que había recibido una dósis de la profilaxis. Su renuncia llegó, además, unas horas después de conocerse que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, había cesado a un alto cargo de la Guardia Civil por este mismo motivo.
Igualmente anunciaron su dimisión los ya exconsejeros de Sanidad de Murcia y de Ceuta después de que se conociera que habían sido vacunados a pesar de no pertenecer al primer grupo. Asimismo, la alcaldesa de Molina de Segura (Murcia), Esther Clavero (PSOE), comunicaba la pasada semana su renuncia como primera edil por recibir el fármaco, el mismo camino que siguió la coordinadora de Izquierda Unida en la ciudad de Murcia, Alicia Martínez, y la teniente de alcalde de Denia (Alicante), Cristina Morera (PSOE). También se ha conocido que el fiscal jefe de Castellón, José Luis Cuesta, ha abandonado su cargo por recibir el suero antes de que fuera su turno. Del mismo modo, han presentado su renuncia el Comisionado del Departamento de Salud de Torrevieja (Alicante), José Antonio García Gómez y la gerente del Sepad en Badajoz, Montserrat Rincón.
Hasta un obispo
Sin embargo, la mayoría de personas que se ha colado en esta campaña sigue en su puesto, como ocurre con el obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, que ha recibido ya incluso la segunda dosis en una residencia donde viven sacerdotes mayores. Y siguiendo con ámbitos más allá de la política o el ámbito militar, en las últimas fechas se conocía que incluso la madre de la directora médica de Atención Primaria de Cantabria, Beatriz Josa, fue vacunada contra el coronavirus hace dos semanas, cuando el plan de vacunación incluía a personal sanitario del servicio de emergencias. Otra de las polémicas ha surgido en Asturias después de trascender que el Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) había decidido vacunar a personal directivo y a liberados sindicales.
Ante este coladero de personas que se vacunan sin esperar su turno, el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, llegó a cifrar en 200 los funcionarios que ya se habrían inoculado. Y avisó que estas personas no recibirán la segunda dosis, además de abrir una investigación para depurar responsabilidades. Por su parte, en la Región de Murcia, además del consejero de Sanidad, que ya dimitió, al parecer se habrían vacunado más de 400 altos cargos y personal de confianza del departamento, algo que ha provocado la confrontación entre el Gobierno y la oposición, que pide, al igual que la Fiscalía, conocer la lista de estas personas.
La lista de colados no hace distinción por regiones y se extiende por todo el territorio nacional a casi la totalidad de las comunidades, que claman mientras por la escasez de viales debido a los problemas de distribucción.