El Gobierno se ha tomado como un trofeo personal el acuerdo alcanzado con los agentes sociales con la firma de la reforma de las pensiones, que llevaba sin tocar desde el año 2011 cuando gobernaba el Ejecutivo que entonces presidía Mariano Rajoy. Un pacto para el que han necesitado ocho meses de negociaciones en el marco del Pacto de Toledo.

Se trata de una nueva ley que garantizará desde 2022 la revalorización de las jubilaciones conforme el IPC y que tomará como referencia el medio año anterior para garantizar que los pensionistas no tengan pérdidas de poder adquisitivo al inicio de cada nuevo año.

El texto alcanzó un consenso unánime entre el Gobierno y los agentes sociales pero, fuera de la mesa de negociación, tanto el Partido Popular como Vox mostraron su disconformidad. En el caso del PP, su líder Pablo Casado lo calificó de «gran error» porque, según declaró, «va en contra de la exitosa reforma» que aprobó Mariano Rajoy y censuró la propaganda «tóxica» del Ejecutivo ante este acuerdo con los agentes sociales, si bien apostilló que su formación política «respeta y acepta» las decisiones que toman patronal, sindicatos y las organizaciones de autónomos.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, reconoció que aún faltan aspectos muy importantes que concretar y se refirió, por ejemplo, a la ampliación del período de cálculo de la pensión, que se abordará el año que viene, en el siguiente bloque de la reforma de las pensiones. Esta medida, insistió, debe acompañarse de una «mayor generosidad» en las lagunas de cotización y de la posibilidad de descartar los peores años de cotización.

En este sentido, Escrivá garantizó que el objetivo no es mermar la cuantía de la pensión y que la ampliación del período de cálculo irá ligada, sí o sí, a la elección de los mejores años de cotización.

Además, el ministro protagonizó la nota más polémica al avanzar uno de los aspectos más inquietantes de la reforma y señalar que el problema de sostenibilidad de las pensiones está «muy concentrado coyunturalmente» en la generación de los llamados baby boomers, los nacidos entre finales de los años 50 y los años 70, señalando que «tendrán que trabajar más para beneficiarse de esta prestación en el momento de su jubilación o bien activar otras alternativas para no perder poder adquisitivo» lo que encendió todas las alarmas. Escrivá intentó con urgencia enmendar el entuerto que generó al reconocer que «no fue mi mejor día», y que su objetivo era que los babyboomers no tengan que soportar la deuda del actual sistam, pero ya era tarde para la oposición y los agentes sociales que entendieron que el Gobierno trama un duro ajuste de las pensiones.

Críticas  

Desde el PP, acusaron a Pedro Sánchez de «mentir y de tomar el pelo» a los españoles ocultando unos recortes en la futura Ley que entrará en vigor en 2027. El vicesecretario de Comunicación, Pablo Montesinos, acusó a Sánchez de «mentir a los sindicatos, a la patronal y a los españoles» y subrayó que «la mentira en política tiene un precio, que no es otro que presentar su dimisión, disolver las Cámaras y convocar elecciones».

El presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, matizó que desconocía la letra pequeña que se refería a que la generación de baby boomers recibirán una pensión menor puesto que no estaba en el texto firmado. Garamendi subrayó también que aunque la reforma otorga confianza a los inversores y a los jubilados presentes y futuros, recordó al Ejecutivo y a los agentes sociales que la clave para sufragar estas prestaciones es el empleo.

Los dos sindicatos también criticaron la falta de prudencia de Escrivá al haber hecho este planteamiento en el día del acuerdo. El líder de CCOO, Unai Sordo, dejó claro que su apuesta es que las generaciones futuras tengan pensiones «equivalentes a las que hoy se están sufragando» y que se debe elevar el gasto para garantizar esta suficiencia.

Asimismo, Sordo hizo hincapié en que se ponga el foco en que esto no es solo un acuerdo para los pensionistas actuales, sino que son medidas pensadas para fortalecer el pacto intergeneracional y para dar certidumbre a las personas que todavía ven muy lejos su pensión.

También el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, incidió en que la postura de los sindicatos en las negociaciones «no va a ir por ahí» y tachó de «gran hipocresía» plantear «una división entre pensionistas futuros y actuales». Además, Álvarez apuntó que para los sindicatos es esencial restablecer el consenso y volver a la situación de 2011. No obstante, indicó que el acuerdo es importante en sí mismo, porque restablece la revalorización automática de las pensiones y los pensionistas no volverán a depender del Gobierno de turno. «Van a tener la seguridad de que sus pensiones se van a revalorizar con el coste de la vida, gobierne quien gobierne» en España.

Falta aún mucho trabajo para que el acuerdo completo con todos los puntos pueda aplicarse en 2027 que es, además, una petición de Bruselas para que España reciba los fondos comunitarios.