La Alianza UPA-COAG reclamó hoy a la Junta de Castilla y León que reconozca a las organizaciones profesionales agrarias como entidades colaboradoras para "recuperar el buen tono" en la interlocución entre el sector y la Administración tras un "mal año agrario" en el que las ayudas del Ejecutivo autonómico han llegado "mal y tarde".

En el balance del año en el campo, presentado en la sede de la Alianza en Valladolid, ambas organizaciones recordaron a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural que las opas están "haciendo todo el trabajo que antes hacía la Junta" en materia de asesoramiento y recopilación de solicitudes de la PAC o incorporación de los jóvenes al campo, entre otras materias, por lo que necesitan que se las reconozca como entidades colaboradoras y se financie su trabajo, frente a la actual postura que denunció el secretario general de UPA, Aurelio González, por la que la Junta "pone en entredicho nuestro trabajo al recortar el 30 por ciento" de las ayudas a las opas.

En la misma línea se expresó su compañero en la Alianza, el coordinador de COAG a nivel autonómico, Lorenzo Rivera, que lamentó que la Consejería no tuviese a nadie al frente hasta junio con motivo de las elecciones autonómicas, lo que "dificultó mucho" una interlocución que después ha definido como "lenta" y que desde la Alianza UPA-COAG achacan a que el Gobierno de coalición "no está lo suficientemente compenetrado como debería", generando "incertidumbre" con "espectáculos en las Cortes que no nos gustan".

"No podemos permitirnos el lujo de estar así porque el campo no puede esperar", manifestó Rivera, tras un "mal año agrario" que González por su parte definió como "negativo", al sumarse las altos costes de producción, con subidas desde un 34 por ciento en los piensos a un 150 por ciento en los fertilizantes; la sequía provocada por la ola de calor, que ha generado una disminución del 15 por ciento de la producción y grandes incendios que han provocado la quema de cosecha y superficie; y un encarecimiento de la cesta de la compra pese a lo que la renta agraria ha bajado, a nivel nacional, un 5,5 por ciento, "en los niveles de 2019".

Ese cúmulo de circunstancias derivó en grandes protestas del campo, especialmente en marzo con una manifestación en Madrid que movilizó a 400.000 personas, para solicitar "un plan de choque que ayudara al sector a salir de esta crisis" porque, como recordaron, la agricultura y la ganadería "garantiza la producción de alimentos y, ante estos avatares, puede ocurrir un desabastecimiento".

Reivindicaron en ese sentido, tanto González como Rivera, el papel de las opas, especialmente de la Alianza, para conseguir medidas positivas para el campo como las aprobadas ayer por el Consejo de Ministros, con la ayuda de 55 euros por hectárea en regadío y 22 en secano para la adquisición de fertilizantes, la regulación del sector del vacuno que da "carpetazo a la famosa granja de Noviercas" o la posibilidad de contratar la doble tarifa eléctrica en los riegos, pero que en todo caso llegan, bajo su punto de vista, "tarde" y, además, "no son suficientes".

"Pedíamos 1.000 millones solo para Castilla y León porque es lo que nos hemos gastado únicamente en fertilizantes", apuntó Rivera en declaraciones recogidas por Ical, considerando en todo caso "justo" que se impongan medidas como la continuidad del descuento de 20 céntimos en el gasóleo para los agricultores profesionales, o la reducción del IVA para los productos de primera necesidad "siempre que se aplique en el último eslabón" de la cadena alimentaria, porque en el primero, en el de los productores, "no podemos recuperarlo".

PAC "ni justa ni social"

De cara al año que comienza, la Alianza también lamentó la entrada en vigor el 1 de enero de 2023 de la nueva Política Agraria Común (PAC) que, si bien desde los 80 permitió "adquirir productos de calidad y primera necesidad a un precio asequible", permitiendo a las familias "ir de vacaciones o de fiesta" cuando antes el 40 por ciento se dedicaba a la cesta de la compra, ahora cuenta con una perspectiva "excesivamente medioambientalista" que, para la Alianza, la convierte en una medida que "no es ni justa ni social".

"No va a ayudar a que los profesionales se mantengan, sino que va a expulsarlos del campo", lamentaron, señalando la disminución ya percibida de autónomos (-3.700) frente al aumento de trabajadores por cuenta ajena en el sector (+6.000) que hace que las explotaciones sean "más grandes pero que desaparezcan los profesionales" en una "uberización del campo" motivada por la entrada de "grandes empresas y fondos de inversión que solo quieren coger las partes más productivas para hacer negocio".

Frente a ello, UPA-COAG defendió la agricultura y ganadería "familiar y profesional" de cara a un año en el que también se celebran elecciones en el campo y ante las que son "optimistas" por ser las organizaciones que defienden al sector como "fundamental, porque es el que garantiza la producción de alimentos".

Reducción del 20% de la superficie

En cuanto a la sementera que se llevó a cabo en otoño y con la que comenzó la nueva campaña agraria, la Alianza lamentó que en ella se estén viendo las consecuencias de la instalación de la nueva PAC, por la que ese puede producir una merma en la superficie de siembra de cereal de invierno de en torno a un 20 por ciento.

No obstante, Aurelio González matizó que esta disminución también se debe este año a "la climatología y los costes de producción", y que en todo caso los agricultores de Castilla y León "han sembrado en un ejercicio de responsabilidad" pese a la "incertidumbre" y a los ecoregímenes que obligan a rotaciones y que harán que el girasol sea "el nuevo producto estrella".

En todo caso, ambos mandatarios de la Alianza recordaron que la nueva normativa, en relación a la rotación de cultivos, no debe "preocupar tanto" porque "la mayoría de agricultores ya lo hacíamos" y ahora solo queda "adaptarse un poco" a unos ecoregímenes a los que animaron a los profesionales a sumarse porque "si no, se pierden ayudas".