La Justicia vallisoletana se ha topado en estos últimos meses con otro problema más que sumar a los que se vienen sufriendo en el de por sí complicado día a día del servicio. A la falta de medios, la elevada carga de trabajo -en la capital no se crea un juzgado desde finales 2010 y solo se está enviando un par de jueces de refuerzo cada año- y al deficiente proceso de digitalización -el ‘papel cero’, por el momento, ralentiza más el trabajo en sede judicial-, se unen ahora otras contingencias como la imposiblidad de la jurisdicción penal de pedir informes periciales con los que sustentar procesos tan comunes como una investigación por hurto de un teléfono móvil en un bar o la tramitación de un caso de daños en un vehículo al que, aparcado en la calle, le rompieron el retrovisor y le hicieron un rayón en la puerta. En Valladolid no hay peritos judiciales adscritos a los Juzgados y los externos que venían siendo la tabla de salvación desde hace unos ocho meses no aceptan los encargos penales porque, tal y como explican fuentes sindicales, ya no quieren trabajar «barato» y con «demoras en el pago».

Los últimos datos recabados por El Día de Valladolid hablan de que actualmente habría 210 procesos paralizados en los seis juzgados de Instrucción y en los cuatro de lo Penal, asuntos que necesitan un informe pericial -una tasación económica, por lo general-, pero que los magistrados no pueden encargar a nadie porque la oficina de peritos está vacía; literalmente. «El problema de los peritos es más de fondo, a pesar de la cuestión que se viene dando en Valladolid desde hace ya unos meses, puesto que la sociedad tiene que entender que los jueces necesitamos peritos que nos ilustren sobre asuntos que no dominamos», explica Emilio Vega, juez decano de Valladolid, quien recuerda que «hay procesos que, en fase de Instrucción, por ejemplo, necesitan una tasación» porque «si el juez no tiene el valor de las joyas robadas o de las sillas que se han roto, el procedimiento judicial no puede continuar sin contar con el preceptivo informe».

En este sentido, el delegado de CCOO en los Juzgados de Valladolid, Raúl Franco, señala que «a los que más les afecta la falta de peritos es a los seis juzgados de Instrucción, que se están viendo obligados a optar por el archivo provisional de esos asuntos para evitar que transcurra el plazo legal fijado por ley para la instrucción». Actualmente, serían más de 200 los procedimientos en esa situación de archivo a la espera del informe pericial, a los que se sumaría una decena de ejecutorias paradas en el ámbito de los juzgados de lo Penal, pese a que «la dotación prevista para Valladolid es de tres peritos».

«La práctica totalidad de lo que hay acumulado son tasaciones, más que informes periciales en los que se trata de aclarar un aspecto sobre algo discutido, sino que son tasaciones en busca de concretar el valor de algo», según detalla José María Crespo, magistrado titular del Juzgado de Instrucción 1, a este periódico, quien confirma que «a la espera de recibir las tasaciones que quedan pendientes, lo que se está haciendo es pedir prórroga en la instrucción o decretar el archivo provisional a la espera del informe pericial». «Son muy numerosos los asuntos que requieren tasación, ya que hablamos de daños, hurtos, apropiaciones indebidas, robos... Son bastantes de estos los que nos entran cada semana en Valladolid», enumera el titular de Instrucción 1, donde hay informes pendientes de resolución desde principios del mes de julio.

Este es un problema que no es nuevo, pero ha sido ahora cuando se ha puesto sobre la mesa de la opinión pública, después de varios meses de infructuosos contactos sottovoce. El primero en alzar la voz fue hace un par de semanas el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), José Luis Concepción, quien lo expuso en la reunión del 15 de febrero con el secretario de Estado de Justicia, Manuel Jesús Dolz, y con el secretario general de la Administración de Justicia, Antonio Viejo, para darles cuenta de las necesidades de los juzgados y tribunales de la región, una lista en la que Concepción no dudó en incluir el problema de la ausencia de peritos judiciales en Valladolid. El presidente del TSJCyL apuntó a ambos «la necesidad de proveer con la mayor urgencia posible las vacantes de peritos judiciales» que hay en los Juzgados de Valladolid, a pesar de que hay una oficina «con tres puestos de trabajo que están sin ocupar».

El origen del problema se sitúa hace ahora dos años, cuando los hasta seis peritos que ocupaban esa oficina de Valladolid se fueron marchando a otros destinos en el marco de concursos de traslados de funcionarios. «La gente se va a otros destinos y no se cubren esas plazas, que este es el problema que tenemos», apunta el juez decano, Emilio Vega, quien considera que «falta la idea de considerar la figura del perito como imprescindible», de entender que «ahora mismo, en los Juzgados de Instrucción no se puede funcionar sin peritos» y que «el Ministerio de Justicia tiene que asumir como una necesidad la idea de la futura puesta en marcha de un Cuerpo de Peritos Judiciales, que se integren en plantilla, igual que lo están los forenses».

En esta misma línea, el decano de los jueces de Valladolid avanza que la Gerencia Territorial busca ya una empresa que pueda asumir «la bolsa de asuntos pendientes que hay y atajar al menos el atasco, mientras se le busca una solución más a largo plazo al problema».

Para CCOO, eso es «privatizar un servicio público» y defiende que «no es la solución, salvo temporalmente». «Esta es una situación provocada para que una empresa se beneficie de un servicio público», censura el propio Franco, quien afirma «no tener constancia de ese contrato con una empresa externa» para acabar con el atasco de todos estos meses, si bien insiste en sus tesis de que «el objetivo que se tiene con este y otros servicios en el Ministerio es privatizar unos servicios públicos que funcionan mejor y con menor coste para el contribuyente si son servicios que están llevados por funcionarios». El delegado sindical recuerda que «ya se hizo con los traductores y está claro que el camino que llevan los peritos es el de la privatización, un sistema mucho más costoso que el contar con tres funcionarios que cobran 1.200 euros al mes».

«Desde CCOO hemos tratado de que pudiese subsanarse a través de una contratación de personal laboral temporal, pero tampoco se ha hecho», recuerda Raúl Franco, que apunta que «lo que se ha venido haciendo con los informes pedidos por los juzgados era tirar de peritos externos que cobran por informe realizado, pero ahora la Gerencia no les paga a través de provisión de fondos, como se venía haciendo antes, aunque fuese muy bajo el precio, sino que se les remite a la sentencia para esperar a ver si hay imposición de las costas para el condenado o, en caso de archivo o de sentencia absolutoria, para que lo abone el Ministerio», detalla el delegado de CCOO.