El sacerdote detenido por enviar un vídeo sexual a una niña de catorce años está acusado de un delito contra la libertad sexual, en su modalidad de ciberacoso, y se podría enfrentar a penas de hasta tres años de cárcel. En principio, este es el delito que se le imputa, si bien todo está pendiente del avance de una investigación aún incipiente que dependerá en gran medida de futuros interrogatorios y, sobre todo, de los resultados que arroje el informe forense encargado a la Policía sobre el contenido de los dos teléfonos móviles, el de la niña y el del sospechoso, puesto que así se determinará si hubo más mensajes entre ellos o, incluso, si Ó.F.L., de 40 años, pudo contactar con otras menores de edad a través de Whatsapp, tal y como detallan fuentes cercanas al caso.

Las pesquisas son las rutinarias en este tipo de asuntos, a pesar de que en el caso concreto de este cura –capellán de la parroquia de Las Angustias– entra en juego un llamativo antecedente de 2010 del que salió exonerado, pero por el que ya quedó marcado en círculos eclesiásticos.

Entonces, el juez instructor dictó que sus mensajes hacia otra menor (también de 14 años) no suponían ninguna infracción penal. Fue a través de internet con una chica de Alicante y el sacerdote comentaba lo «bellezón de chica» que era y lo «estupenda» que salía en una foto en bikini. 

el caso de zaratán. En aquel momento era el párroco de Zaratán y el Arzobispado de Valladolid lo apartó inmediatamente de su puesto, igual que hizo el pasado domingo en cuanto conoció que la denuncia de una madre se había traducido en su inmediato arresto por orden del juez José Mª Crespo y que tarde o temprano este caso acabaría trascendiendo. Es más, el mismo lunes el Arzobispado emitió un comunicado al respecto en el que no ofrecía mucho detalle, pero sí hablaba de un «comportamiento deshonesto» por parte del sacerdote detenido.

En sede judicial, Ó.F.L. no explicó nada sobre el vídeo que se encontró la madre denunciante en el móvil de su hija, puesto que él se acogió a su derecho a no declarar. El Juzgado de Instrucción número 1, atendiendo también las tesis de la Fiscalía de Valladolid, le dejó en libertad con cargos, pero imponiéndole tanto una orden de alejamiento como una de prohibición de comunicación respecto a esta niña de 14 años, y exigiéndole que comparezca en sede judicial una vez al mes.