El presidente del Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León reclamó hoy un "amplio" pacto para elegir al nuevo responsable de la institución propia, con el objetivo de que la propuesta del Pleno de la institución propia sea asumida por las Cortes autonómicas. "Si dependiera solo de mí, ya se habría producido esa renovación por que no me gustan las situaciones de interinidad. Por responsabilidad, no lo hago para evitar la paralización", sentenció. De ahí, que animara a la consecución de un "doble pacto" al precisar que la elección del presidente determina la renovación del Pleno del CES. 

Con motivo de su comparecencia en la Comisión de Industria, Comercio y Empleo de las Cortes para presentar la memoria de actividades del Consejo Económico y Social del año 2022, Cabero recordó que la reforma de la ley en 2013 acertó al tener que ser neceario el doble acuerdo. Por un lado, en el seno del CES por que el candidato lo presenta el Pleno, por una mayoría mínima de dos tercios, lo que implican en que estén de acuerdo los sindicatos (UGT y CCOO) y la patronal CEOE. Posteriormente, esa propuesta debe ser asumida por la mayoría absoluta de las Cortes. Hasta la fecha solo se han elegido con este modelo dos presidentes, Germán Barrios y el propio Cabero. "Lo más difícil es reunir a una persona que reúna esas dos condiciones", aseguró.

Además, advirtió, según recogió la Agencia Ical, que se podría haber hecho la renovación pero se corre el riesgo de que haya un "impass" y un cese de la actividad de la institución, de ahí que haya decidido no acometerlo. En todo caso, dejó claro que ha habido "muchas" renovaciones en el Pleno del CES ya que su composición es "muy variable". "Me gustaría que no volvamos a estar en esta situación y sea la última comparecencia en este mandato. No tienen sentido las situaciones interinas", declaró. Por ello, reiteró la necesidad de hacer un "esfuerzo" de diálogo social para conseguir que la propuesta del CES sea "compatible" con la mayoría parlamentaria. "No tiene sentido abrir un frontón, en que el CES hace una propuesta y las Cortes la rechace por que eso obligaría a repetir una proposición", subrayó.

Tras la pregunta del portavoz de Vox en la Comisión, Miguel Suárez, sobre la renovación del CES, Enrique Cabero reconoció que no tiene la "autoritas" para proponer un nuevo presidente ya que es algo que corresponde a las organizaciones sindicales, empresariales, agrarias, de la economía social, consumidores y usuarios, expertos designados por Junta y Cortes. "Tienen su propio criterio y no me siento con la autoridad para decir nada. Yo no me presento ni tampoco me presenté entonces, por que la candidatura surge de otro sitio. No surge de la iniciativa del propio candidato y no es bueno que se postule", sentenció.

Suárez recordó al presidente del CES que en junio pasado había señalado en las Cortes que plantearía en el Pleno de la institución los procedimientos necesarios para la renovación para que se llevara a cabo entre finales de 2022 y principios de 2023. "Estamos en abril y no se ha renovado pese a que el reglamento de organización recoge que la renovación de la totalidad de los miembros del Consejo deberá realizarse en el plazo improrrogable de un mes desde la expiración del mandato. Es decir, llevamos casi un año de retraso y el reglamento lo considera improrrogable", expuso. 

El procurador de Vox precisó que "muchas" de las actividades llevadas en este periodo de prórroga han sido no ordinarias, con un sesgo ideológico "evidente", desde la perspectiva de su formación política. También dejó claro que no se confunda, como ha ocurrido con algunos grupos parlamentarios, el diálogo con los procesos de financiación pública que puedan tener las diferentes organizaciones y asociaciones. 

Por último, demandó que su mandato no sea recordado por estar en contra del reglamento de la institución en los últimos meses, algo que consideró que sería injusto para él. "No sea usted como los pretendientes de Penélope, a quienes Ulises tuvo que sacar a espaldas de sus faldas. Creo que no es el final de mandato que usted merecería que eso quedase en la memoria", aseveró. 

El presidente del CES de Castilla y León también aprovechó su intervención para pedir rebajar la "tensión" en todo lo relacionado con el diálogo social, en sentido amplio. No en vano, consideró que el diálogo social es una herramienta muy útil, de la que la Comunidad puede "presumir". "Da prestigio a la sociedad y es bueno dialogar sin límite.Tenemos que hacer un esfuerzo para recuperar el diálogo social, demos una oportunidad al diálogo y lo pido para la renovación del CES", significó.

Otro de los asuntos que salió a relucir en la Comisión fue la situación del Servicio Regional de Relaciones Laborales (Serla), después de que el CES remitiera a las Cortes un informe en el que recomendaba su mantenimiento "con normalidad", tal y como se ha desarrollado en Castilla y León como un sistema de soluciones de conflictos individuales y colectivos laborales. "Es un modelo de éxito en la Comunidad para evitar conflictos y ayudar a solucionarlos como acudir a las huelgas o evitar la judicialización. Por lo tanto, hay que explorar vías de crecimiento", manifestó Cabero. 

La portavoz socialista Alicia Palomo reiteró la necesidad de que la Junta cumpla con su obligación y financie el Serla, tras denunciar que siete trabajadores llevan cuatro días sin nómina. 

580 informes en 2022

El CES continuó con el incremento de su actividad en 2022 con la elaboración de 580 informes y trabajos técnicos, de los que catorce fueron informes previos solicitados por la Junta, además de los seis redactados por propia iniciativa. También, al igual que en otros ejercicios, se realizó el informe general sobre situación económica y social en Castilla y León, los ocho sobre grado de aceptación de los informes previos, las 241 fichas de actualidad económica y social, las 64 publicaciones sobre principales indicadores sociales y económicos y 245 dosieres de información.

Enrique Cabero destacó los informes relativos a la juventud, el Corredor Atlántico, el transporte de mercancías por ferrocarril, el comercio de proximidad, la importancia del sector agrario y el impacto de las instalaciones de energías renovables en el uso agropecuaria. En este sentido, recordó, según Ical, que fue el "único" supuesto que no hubo un consenso pleno al chocar los intereses de los empresarios, representados por CEOE, y el sector agrario. 

Todos los grupos políticos destacaron la importancia de impulsar el Corredor Atlántico ha ser una oportunidad para el desarrollo futuro de la Comunidad, tal y como resaltaron los portavoces de los grupos Mixto, Francisco Igea; UPL-Soria Ya, Juan Antonio Palomar; Vox, Miguel Suárez; PSOE, Alicia Palomo, y PP, María de las Mercedes Cófreces. En concreto, la procuradora popular apuntó que el Corredor Atlántico no es un proyecto de Comunidad sino de país, por lo que demandó el compromiso del Gobierno de España para su impulso, al igual que ha apostado por el del Mediterráneo. Algo en lo que coincidio Cabero al afirmar que el Corredor Atlántico es un proyecto de Estado, vinculado a la Unión Europea, por lo que tiene que estar a la misma altura que el del Mediterráneo.