El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó la semana pasada un Proyecto de bases para una nueva demarcación judicial que remitirá en los próximos días al Ministerio de Justicia y que contempla la supresión de los partidos judiciales de Medina del Campo (dos juzgados) y Medina de Rioseco (un juzgado) para centralizar esos servicios en Valladolid.

El CGPJ cita en el documento el preámbulo de la Ley de Demarcación y Planta Judicial para recordar «el enorme déficit acumulado durante decenios por una organización estructurada más en función de la presencia que de la eficacia; distribuida con criterios geográficos imperfectos y desequilibrados».

En la actualidad en los tres juzgados trabajan cerca de una treintena de personas. Los dos de Medina del Campo dan servicio a 51.610 ciudadanos y el de Rioseco a 20.758. Con la nueva organización, los 24 juzgados de Valladolid (ahora hay 21) pasarían a atender a 533.640, por las 461.272 actuales.

En Castilla y León los partidos judiciales se reducirían de 41 a 16. - Foto: El Día El CGPJ hace esta propuesta, entre otras cosas, porque ninguno de los dos partidos judiciales cumple con las características de los que tienen que resultar de esta reforma, que afecta al sistema judicial de todo el país. En concreto, las circunscripciones resultantes «habrán de tener una población superior a cien mil habitantes y el desplazamiento desde los núcleos de población hasta la cabecera no podrá exceder de una hora», según cita el documento.

Con estos criterios, los partidos judiciales de Castilla y León pasarían de 41 a 16, una situación que ayer criticó el sindicato CCOO. «Es una mala propuesta para una región muy rural porque elimina servicios muy cercanos», asegura el secretario de Información y Comunicación de la Federación de Servicios a la Ciudadanía, Alfredo Prádanos.

Se da la circunstancia de que desde los propios sindicatos y el Colegio de Abogados de Valladolid se viene reclamando desde hace tiempo la creación de un tercer juzgado en Medina del Campo ante el «colapso» de los dos existentes. «Incluso el anterior Ministerio lo reconocía, aunque decía que no había dinero», recuerda Prádanos, quien se muestra partidario de recortar «en otras cosas» para evitar esta reorganización. «Se han gastado un dineral en la grabación de vistas y después hay otras pequeñas cosas, como la utilización constante de taxis que se podría haber amortizado con la compra de vehículos oficiales».

Alcaldes. La propuesta tampoco ha sentado nada bien a los alcaldes de las dos localidades afectadas. La regidora de Medina del Campo, Teresa López, dijo que se trata de «un despropósito total y absoluto». Según ella, «se trata de una pérdida en la calidad de un servicio como la Justicia, que es un pilar en el Estado de Derecho». López, que es abogada, recuerda que incluso se estaba peleando para que en Medina del Campo se pusiera en marcha un Juzgado de lo Penal. También cabe recordar que el año pasado la propia Diputación solicitó al Gobierno del PSOE la creación de un juzgado de Instrucción en Peñafiel y otro en Medina del Campo. La alcaldesa opina que esta reforma supondrá un incremento del retraso en la atención a los ciudadanos por una mayor «saturación» en los juzgados de Angustias, el destino más probable para estos juzgados toda vez que en la segunda planta hay espacio suficiente, según Prádanos.

El alcalde de Medina de Rioseco, Artemio Domínguez, se expresó en los mismos términos. «Soy totalmente contrario a esta medida porque no favorece en nada al medio rural». Es más, el regidor se pregunta qué será de toda la zona norte. «Hay que pensar en la distancia que nos separa de la capital», recomienda Domínguez, quien cree que el juzgado «está haciendo una buena labor».

Pero el CGPJ lo tiene muy claro. Tanto que en su exposición llega a señalar que «todos querríamos un juzgado en la puerta de casa, pero no es posible ni asumible».