Comisiones Obreras urge a los ayuntamientos y las diputaciones de la Comunidad Autónoma a cumplir con las ayudas de emergencia que contemplan la pobreza energética. Una situación que afecta al 7,5 por ciento de los hogares de Castilla y León, según las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística (INE) que corresponden al año 2012, y que reconocen que no pueden mantener la vivienda con una temperatura adecuada. Un porcentaje que se traduce en que 73.275 familias de la región tienen una emergencia energética, que se agrava en los meses de invierno con la climatología adversa.

 

La crisis económica está detrás del incremento de los hogares que tienen dificultades para mantener su vivienda en una condiciones óptimas de temperatura, y sólo entre 2011 y 2012 el porcentaje de familias con este tipo de emergencia ha aumentado en  un total de 4,3 puntos.

 

Con motivo de las iniciativas surgidas en las últimas semanas entre los ayuntamientos para paliar situaciones críticas, el sindicato recuerda que en julio de 2012 la Comunidad llegó a un acuerdo para actualizar y homogeneizar las diferentes ayudas de emergencia. Un pacto fruto del diálogo social y que tuvo su reflejo normativo en un decreto de marzo de 2013, donde había un catálogo de prestaciones.

De esta manera, las corporaciones locales -que son las que tienen las competencias en políticas sociales- están obligadas a cubrir los gastos específicos derivados de las necesidades básicas de subsistencia como la alimentación, los cuidados personales (vestido e higiene), alojamiento temporal y otro tipo de servicios como la electricidad, el agua y la calefacción.

 

Derecho subjetivo. Tal y como apuntó la secretaria de Política Social de CCOO Castilla y León, Bernarda Corcoba, se trata de un derecho subjetivo que está recogido en un decreto regional, por el que los ayuntamientos y las diputaciones tenían un plazo de tres meses para su adaptación. «Es necesario difundir la existencia de esta normativa porque parece que hay un desconocimiento entre la ciudadanía. Hay instrumentos para paliar esta carencia energética», declaró.

 

El sindicato ha hecho llegar esa exigencia a la Junta pero también al Procurador del Común al comprobar la existencia de «deficiencias» o «tergiversaciones» en el traslado del decreto que provocan una «merma» del derecho de la ciudadanía de la Comunidad. El secretario de Comunicación del sindicato, Luis Fernández, denunció la «lentitud exagerada» en la adaptación formal y en el contenido.

 

Al ser un derecho subjetivo existe un crédito ampliable para cubrir estas necesidades de urgencia, por lo que toda persona que reúna los requisitos tiene derecho a esta ayuda. Una solicitud que se presenta en los Centros de Acción Social (CEAS) que corresponda al domicilio. La cantidad máxima que podrá recibir un mismo titular o una unidad familiar es 3.195 euros y el pago puede ser fraccionado.

 

Desde el sindicato exigen responsabilidades a las administraciones para hacer cumplir la norma, especialmente en un momento de recrudecimiento de la crisis.