El caso PGOU tendrá finalmente quince imputados. El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid, José María Crespo, emitió ayer un auto incluyendo a cinco personas más en el proceso penal abierto por la manipulación del Plan General de Ordenación Urbana. Se trata del párroco Lino Collazos del Castillo (secretario de la Fundación Emilio Álvarez) y de los empresarios inmobiliarios Pilar López Mazariegos, Gonzálo Jolín Garijo, Francisco Capellán Barbado y Ramón Herrero Merino, según consta en el citado auto.

De este modo, la lista final de imputados será de quince, si bien los cinco imputados ayer tienen un plazo de cinco días para poder interponer recurso.

Se unen a la lista formada por José Antonio García de Coca (el exconcejal de Urbanismo), Modesto Mezquita (exdirector del Área de Urbanismo), Luis Álvarez Aller (arquitecto municipal) y José Luis Cerezo (exjefe de servicio en el Ayuntamiento), así como cinco empresarios más: los hermanos José Luis y Eduardo González Torres y José Luis Mayordomo (Grupo Capitol) y Antonio Pastrana y José Ángel Astorga (Parkosa).

Los motivos. Según el auto de Instrucción 1, Pilar López Mazariegos, administradora de la sociedad Japybe, dueña de la fábrica de harinas La Perla, autorizó en 2003, «en el entorno temporal en que se produce la alteración del PGOU», la venta de la fabrica a Sacedón Patrimonial, cuyo administrador era Francisco Capellán, para uso hotelero (hotel Marqués de la Ensenada). A Gonzalo Jolín Garijo y a Ramón Herrero Merino, administrador de Área Especial, se les imputa por esta relacionados con operaciones urbanísticas en la avenida de Madrid, mientras que Lino Collazos del Castillo, se le imputa como secretario de la Fundación Emilio Álvarez Gallego, titular de unos terrenos en la calle José María Lacort, donde también se llevaron a cabo actuaciones urbanísticas, entre ellas un aparcamiento subterráneo por Parkisa.