La Sociedad Valladolid Alta Velocidad acordó ayer en una reunión del Consejo de Administración encargar un estudio a una consultora externa para calcular cuál es el valor actual de los terrenos que se liberarán con el soterramiento. Esta empresa también determinará el mejor modo de sacarlos al mercado. Se trata de un asunto de vital importancia, puesto que la viabilidad del proyecto está inexorablemente ligada a las posibilidades de financiación. El plan económico y financiero de la Sociedad contaba con pagar el 60 o 70 por ciento de los 1.300 millones que cuesta la operación con la venta de estos terrenos, tal y como explicó ayer el secretario de  Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Rafael Catalá, al término de la reunión. En unos cuatro meses se prevé que esté listo el informe.

Aunque el valor de este terreno pudiera haber caído por la crisis, el alcalde, que compareció junto a Catalá y el consejero de Fomento, Antonio Silván, apuntó que la valoración que se hizo en época de bonanza fue «prudente» y rondaba el 70 por ciento del precio al que se estaba vendiendo en esa zona.

Además, dentro de esta política de ahorro, el Consejo de Administración aprobó una reducción del gasto que se sostiene en dos pilares: los salarios y el gasto de funcionamiento. En el primero concepto se ahorrará 160.000 euros al año (el 30 por ciento) después de que la Sociedad haya prescindido de Cayetano Roca como gerente, que cobraba 120.000 euros al año y tras haber aplicado recortes en otras retribuciones y estructura.

También caerá en 400.000 euros al año el gasto de funcionamiento. Se renunciará a la contratación de muchos  servicios externos. Por ejemplo, el de asistencia jurídica, que pasará a asumir el mismo gabinete que asiste al Estado.

En términos globales, el millón de euros que gastaba al año la Sociedad quedará reducido a algo más de 500.000. «No se precisa una estructura tan costosa, hay que recordar que ese dinero sale de los impuestos de los ciudadanos», aseguró Catalá. Estas medidas ayudarán a paliar parte del «importante, aunque no preocupante, endeudamiento» de la Sociedad, en palabras del propio León de la Riva.

Por otro lado, el alcalde dijo que en ningún caso se contempla la reducción de los siete kilómetros de vía que está previsto soterrar. «Es nuestra responsabilidad saber cómo lo vamos a financiar», dijo.

En la reunión del Consejo de Administración de ayer también se constituyó una nueva Comisión Ejecutiva que asumirá las funciones que le sean delegadas por el propio Consejo.

El alcalde también destacó el margen de actuación que tiene la Sociedad, toda vez que hasta el año 2016 no habrá que reintegrar a los bancos nada de lo que han prestado. Además, León de la Riva dejó un recado a la oposición, que en reiteradas ocasiones le ha reclamado que mejore el estado del entorno de las vías en ciertos tramos. Según el regidor, «una cosa es que las tapias de Renfe tengan que estar decentes», un extremo al que no se opuso, y otra que se vayan a realizar grandes inversiones que caduquen a corto plazo por el propio soterramiento, algo que descartó.

Por su parte, Catalá incidió en que el soterramiento es un proyecto «tremendamente ambicioso». Un proyecto que parece reactivarse después de dos años sin que la Sociedad Alta Velocidad, en la que están integrados el Ministerio de Fomento, la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento, se reuniera.

Por su parte, Silván señaló ayer que las decisiones tomadas por el Consejo de Administración de la Sociedad son «un ejercicio de responsabilidad», y destacó el «esfuerzo» que supone el plan de viabilidad. «No renunciamos al objetivo, pero el escenario va a mandar», agregó.

Ahora la pelota parece estar en el tejado de la tasadora, que en apenas unos meses determinará si la operación es viable tal y como estaba concebida hace años.