El plan de racionalización del servicio de transporte ferroviario de media distancia que está llevando a cabo el Gobierno tiene en vilo a ciudadanos, municipios y trabajadores. Renfe está manteniendo reuniones con todas las comunidades autónomas para determinar qué servicios se pueden modificar sin que se deje de garantizar la movilidad para los ciudadanos. En Castilla y León esas conversaciones están en marcha y determinarán qué sucederá con servicios como los que unen Valladolid con Ávila, Medina del Campo, Miranda de Ebro, Palencia, Puebla de Sanabria, Burgos, León, Santander o Reinosa.

¿De qué depende su futuro? De varios factores. Uno, evidentemente, es el número de pasajeros que se suban a esos trenes, lo que determina su rentabilidad. También se tendrán en cuenta los medios de transporte alternativos antes de tomar una decisión. En base a estos datos, se tomarán decisiones que pueden ir desde la más drástica, la supresión del servicio, hasta otras intermedias, como reemplazarlo por un servicio de autobús. Desde el Ministerio también se sugirió la posibilidad de que las comunidades autónomas subvencionasen los servicios que se fuesen a eliminar si había interés en mantenerlo, pero desde la Junta de Castilla y León se descarta esta opción.

Postura de la Junta

Fuentes de la Consejería de Fomento aseguraron ayer que «no hay nada cerrado» y que se trabaja bajo dos premisas: que no se supriman las líneas y que se garantice el transporte. El propio consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, se mostró «optimista»  con respecto a la supresión de servicios de media distancia  convencional de Renfe, al tiempo que destacó que a la decisión  final «le queda mucho recorrido». En declaraciones a Europa Press, De Santiago-Juárez reconoció que en la actualidad se trabaja en el análisis de los servicios que son más «viables».

Posible supresión

Con todo, la amenaza de supresión sobrevuela los planes de Renfe. Ayer mismo el diario El País publicó una información en la que se aseguraba que Fomento había decidido suprimir 48 servicios de media distancia, seis de ellos en Valladolid. No obstante, fuentes del Ministerio de Fomento desmintieron esta información en declaraciones a El Día de Valladolid y señalaron que se trata de un informe elaborado por la consultora Ineco que no es vinculante. «Lo encargo en 2010 el anterior Gobierno, pero esta decisión no se basa en un solo documento». También Renfe salió al paso ayer de esta información para asegurar que no se estaba guiando por ese informe. «El plan compatibiliza la racionalización del gasto con la continuidad de los servicios, aprovechando sinergias. De este modo, trenes de larga distancia podrán prestar cobertura a estos usuarios, y en otros trayectos podrán sustituirse con otros modos de transporte», dice el comunicado. Además, Renfe especifica que «se pondrán en marcha mejoras en los horarios y el uso de trenes más pequeños».

También el consejero de Fomento se refirió a este tema por la tarde en León para restar importancia al informe de Ineco. En esta línea, recordó a la agencia Ical que desde Castilla y León plantearon tres reivindicaciones que pasaban por no cerrar ninguna línea ni corredor ferroviario, garantizar la movilidad por otros medios «en paradas de tren donde no hay casi ni un viajero al día» y todas las conexiones con origen-destino León está declaradas de obligación de servicio público.

El citado informe de Ineco apunta a seis servicios de media distancia desde Valladolid como ineficientes, es decir, con una ocupación inferior al 15 por ciento. Son los que enlazan con Ávila, Miranda de Ebro, Puebla de Sanabria, Reinosa, Burgos y Palencia. Según el estudio encargado por el anterior Gobierno, las líneas convencionales cuyo nivel de ocupación no supere el 15 por ciento (20 por ciento en los servicios Avant) y cuyo coficiente de cobertura no llegue al 30 por ciento, deberían suprimirse. En el caso de Valladolid, la que llega hasta Puebla de Sanabria tiene un 11 por ciento de ocupación, la de Miranda de Ebro un 10,7 por ciento, la de Burgos un nueve por ciento, la de Ávila un 8,5 por ciento y la de Palencia un 5,7 por ciento.

Además, el citado informe también hace referencia, con datos de 2011, del déficit anual de estas líneas. En la de Miranda de Ebro se perdió algo más de 953.000 euros, en el caso de Ávila se llega casi al millón y medio, otros 190.000 euros en el tren a Reinosa, algo más de 200.000 en el de Burgos, 138.000 en el de Palencia, otro millón y medio en el de Puebla de Sanabria. Renfe también ahondó ayer en este aspecto con un ejemplo. «Se dan casos en los que el Estado llega a aportar hasta 371 euros por billete, frente a los once que paga el viajero». Además, explica que «en la actualidad hay servicios ferroviarios que muestran importantes déficits» y puntualiza que «el 51,7 por ciento de los trenes se destinan a cubrir servicios que solo utiliza el 16 por ciento de los viajeros y presentan un aprovechamiento inferior al 15 por ciento».

En otro informe que maneja el Ministerio de Fomento se detallan incluso algunas estaciones que tienen menos de cinco viajeros al día en Castilla y León. El caso más extremo es el de la parada de la localidad leonesa de Villaverde de los Cestos, que en 2011 apenas utilizaron cinco personas., al igual que en la de la Posada del Bierzo. En otras de Valladolid, como la de Corcos-Aguilarejo, se registraron en ese año 1.298 pasajeros, menos de cinco al día.

Ahorro y plazos

El informe de Ineco asegura que la intención del Gobierno es ahorrar 86,5 millones al año con esta medida, pero el plan de racionalización aprobado en diciembre del año pasado en consejo de ministros habla de un ahorro progresivo hasta llegar en 2015 a los 51 millones de euros en costes directos. Respecto a los plazos,  Fomento tiene que firmar antes del 30 de septiembre con Renfe el contrato en el que se recojan las condiciones de prestación del nuevo servicio. Además, en diciembre se estableció un plazo de seis meses para la aplicación de este acuerdo, de modo que antes del mes de julio deberían estar definidas las líneas de actuación.

Criterios

Los informes que maneja Fomento se basan en tres criterios. El primero es la eficiencia medioambiental, en los que se tienen en cuenta aspectos como las emisiones de gases de efecto invernadero. El segundo es la eficiencia social, es decir, ahorro de costes externos como accidentes o ruidos, y, por último, la eficiencia económica (ahorro por viajero y kilómetro transportado).