Proyecto polémico. Una multinacional canadiense ha solicitado a la Junta de Castilla y León la concesión para realizar una investigación en los términos municipales de catorce localidades vallisoletanas para la posible extracción de gas ‘pizarra’ mediante el uso del método de fractura hidráulica o fracking. Esta iniciativa, si finalmente consigue la autorización del Ejecutivo regional, afectaría a gran parte de la comarca de la Ribera del Duero y el Valle del Cuco y ha creado muchas suspicacias por la técnica utilizada basada en la extracción del gas natural introduciendo bajo tierra grandes cantidades de una mezcla compuesta por agua, arena y productos químicos.
La compañía manifestó ayer que el proyecto se realizará, si se obtiene la concesión, de forma gradual en el tiempo como ya se está realizando en la provincia de Burgos. Así, el proceso se alarga durante casi cinco años desde el análisis preliminar hasta los análisis de los resultados de los pozos de extracción pasando por la obtención de los permisos y la instalación de los equipos para la perforación del pozo en sí.
La intención de la empresa si finalmente obtiene la concesión es realizar una fuerte inversión en aquellas localidades donde realice las extracciones. De esta forma, fuentes de la compañía reconocieron a este periódico que la inversión prevista que se realizará en la provincia de Burgos oscilará entre 150 y 250 millones de euros. Además, apuntaron que el proyecto supone un beneficio económica para las localidades donde se realiza debido a los ingresos que obtienen por los permisos de obras. «También se crean puestos de trabajo y se genera riqueza porque es necesario contar con proveedores locales. Se necesitan muchos materiales y productos que se encargan a las empresas locales», destacaron fuentes de la compañía.
Debido a la suspicacias acontecidas por la utilización de esta técnica para la ruptura de rocas bituminosas para liberar el gas natural y otros gases y líquidos que están retenidos en su interior, la Diputación de Valladolid aprobó el pasado viernes una moción para garantizar la legislación medioambiental en caso de que la búsqueda de gas natural se lleve a cabo.
Así, la institución provincial instó al Gobierno para que revise el reglamento sobre investigación y explotación de hidrocarburos planteándose la posibilidad de establecer una moratoria en la utilización de la técnica extractora conocida como fracking hasta la obtención de resultados sobre su incidencia en Medio Ambiente y en la Salud Pública. Igualmente, también instó a la Junta para que legisle de forma que sea preceptiva la presentación de estudios de impacto ambiental para todas aquellas solicitudes de proyectos de investigación sobre prospección de hidrocarburos.
Los municipios afectados en la provincia por este proyecto en la provincia serían Bocos de Duero, Canillas de Esgueva, Castrillo de Duero, Corrales de Duero, Curiel, Encinas de Esgueva, Fombellida, Olmos de Peñafiel, Peñafiel, Pesquera de Duero, Piñel de Abajo, Piñel de Arriba, Roturas y Valdearcos. Sus alcaldes ya han mantenido una reunión para consensuar una postura sobre el proyecto. «Nos mostramos en contra. Todos los alcaldes vamos a oponernos», indicó el regidor de Peñafiel, Roberto Díez.