El Juzgado de los Contencioso-Administrativo número 1 de Valladolid ha condenado al Ayuntamiento de Arroyo y a la aseguradora Zurich a pagar 40.777 euros a la familia de una niña que el 14 de enero de 2011 sufrió el ataque de un perro en la calle Almendrera de la localidad. El Juzgado estima parcialmente el recurso presentado por la familia contra una resolución del Ayuntamiento de Arroyo que desestimaba su responsabilidad patrimonial en el caso y el pago de poco más de cien mil euros que reclamaba la familia en compensación por los daños físicos y psicológicos que sufrió la niña, así como su madre y su hermano pequeño, que presenciaron la terrible escena.

La sentencia considera que el Consistorio no hizo lo necesario para evitar el ataque de un perro cuya dueña ya había sido denunciada en múltiples ocasiones. De hecho, entre 2008 y 2011 la dueña había sido condenada en cinco ocasiones por otros incidentes e incluso el Juzgado de lo Penal número uno de Valladolid llegó a imponer una pena de dos años de cárcel como autora de un delito de lesiones por imprudencia grave.

El fallo censura que el Ayuntamiento de Arroyo se limitase a trasladar las denuncias a la Junta de Castilla yLeón y recuerda que la Ley sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos dice que «la Administración local podrá confiscar los animales que manifiesten síntomas de comportamientos agresivo o peligroso para las personas». El juez no atiende los argumentos del Ayuntamiento, que se defendió alegando que no le era aplicable esa legislación porque el can no estaba catalogado como animal peligroso y que «no se trataba de un perro abandonado, por lo que la responsabilidad exclusiva era de la dueña de la custodia».

El Juzgado también recuerda una sentencia previa que decía que la dueña del perro mantuvo una actitud pasiva durante el ataque y solo reaccionó cuando un Policía le dijo que lo sujetase o, de lo contrario, «le pegaba un tiro al animal».

Por eso condena al Consistorio y a la aseguradora a indemnizar con 40.777 euros a la familia más los intereses generados desde la fecha de la reclamación administrativa: 15 de enero de 2012.