Los portavoces parlamentarios garantizaron ayer el blindaje por ley del nuevo sistema de protección a las familias afectadas por la crisis, con lo que al consenso social obtenido el pasado mes de octubre se añade un consenso político que permitirá aprobar de forma urgente una ley que se convertirá en un verdadero «proyecto de Comunidad». El Consejo de Gobierno de la Junta dará hoy el visto bueno al decreto-ley, que podría recibir luz verde en el último pleno ordinario del año en las Cortes de Castilla y León, que tendrá lugar la segunda semana de diciembre.
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, explicó que el objetivo de la nueva red es la creación de un sistema único de todos los recursos, liderados por la Junta, para ofrecer una respuesta urgente, eficaz, coordinada y acorde a la necesidad de cada usuario en situación de exclusión o vulnerabilidad sobrevenida por la crisis económica.
El acuerdo político se formalizó ayer en el transcurso de una reunión celebrada en las Cortes entre el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y los consejeros Milagros Marcos y Tomás Villanueva con los portavoces parlamentarios, Óscar López (PSOE), José María González (Mixto) y Carlos Fernández Carriedo (PP). Esto se suma al gran acuerdo social alcanzado con sindicatos, empresarios y entidades del tercer sector, lo que demuestra que el proyecto es «apoyado y respaldado por la sociedad de Castilla y León», según dijo la consejera de Familia.
Marcos anunció que, a pesar del liderazgo de la Junta, el trabajo se realizará de forma absolutamente coordinada con empresarios, organizaciones del tercer sector y corporaciones locales. Precisamente para fomentar esta colaboración, el acuerdo recoge el compromiso de presentar una modificación del presupuesto de 2014 que permita incrementar en un millón de euros las partidas vinculadas a los programas de inclusión social desarrollados por las administraciones públicas.
Asimismo, la consejera informó que el decreto-ley contempla la red de protección a las familias como un instrumento de vertebración, integración e interrelación de los 23 programas puestos en marcha para apoyar a las personas más afectadas por la dura situación económica actual. Esta nueva norma incorporará a la red servicios puestos en marcha recientemente como el apoyo a las familias en riesgo de desahucio o la distribución urgente de alimentos y el fondo de solidaridad, así como la Red Centinela de alerta infantil para dar una respuesta rápida a situaciones de pobreza y desnutrición infantil.
Finalmente, el decreto-ley recogerá medidas extraordinarias incluidas en los planes regionales de empleo para favorecer la contratación de los colectivos más vulnerables.
Los grupos de la oposición en las Cortes -Socialista y Mixto- se unieron al acuerdo social que eleva a rango de ley la Red de Protección a las familias más afectadas por la crisis, pero defendieron que se vaya más allá, mientras que el Grupo Popular, formación mayoritaria, saludó el pacto político y social, que se convierte en un proyecto de Comunidad hacia los más castigados por la situación económica.
Los socialistas ponen en valor el acuerdo pero no renuncian a su demanda de reforma del Estatuto de Autonomía para recoger un suelo social, afirmó López, en referencia a la propuesta que realizó la pasada semana en el debate de totalidad, que no fue acogida ni por el PP ni por la Junta.
«El acuerdo se asume como un compromiso fuerte y potente», resumió José María González (Grupo Mixto), motivo por el que da el apoyo, pero añadió que no son en su totalidad las medidas que pondría en marcha IU si estuviera en el Gobierno de la Comunidad.
El popular Fernández Carriedo resaltó la buena disposición al acuerdo de los grupos de la oposición tras la oferta del presidente de la Junta y elogió el protagonismo de las organizaciones del tercer sector al estar en la primera línea de atención a los ciudadanos más vulnerables.