La Fiscalía de Valladolid ha abierto diligencias penales por un presunto delito de estafa con motivo de las participaciones preferentes emitidas en 2004 por las entonces Caja España y Caja Duero, ayer integrantes de Banco CEISS, atendiendo así el escrito de denuncia que el pasado 16 de abril fue presentado por la Unión de Consumidores de Castilla y León en representación de un total de 25 afectados en la provincia.

La apertura de diligencias penales ha sido dada a conocer esta tarde por el presidente de la citada organización denunciante, Prudencio Prieto, y por su asesor jurídico, Santiago Díez, quienes, en declaraciones recogidas por Europa Press, han destacado que se trata de la primera investigación por estos hechos abierta por una fiscalía en toda España relacionada con la emisión de participaciones preferentes, de ahí el agradecimiento de ambos a la fiscal jefe, Esther Pérez Jerez, por «los arrestos» demostrados por la acusadora pública, tal y como ha subrayado el letrado.

Así, Fiscalía se declara competente para investigar unos hechos que, tras analizar la documentación presentada por la Unión de Consumidores de Castilla y León, pudieran revestir caracteres de un delito de estafa de los artículos 248, 249 y en algunos supuestos del artículo 250 del Código Penal.

La decisión del departamento de Pérez Jerez parte de la evidencia, según entiende, de que los ahorradores minoristas a los que se refieren las presentes diligencias, clientes de Caja España o de Caja Duero (Banco Ceiss actualmente), quienes en 2009 suscribieron preferentes por importes que oscilan entre los 4.000 y los 113.000 euros, confiando en las mismas por la relación que les unían desde hace años han obtenido una información, recibieron una información en las que no se les puso debidamente al corriente de los riesgos del producto que adquirían, como es la posibilidad de pérdida del dinero y no cobro de los intereses.

Casi 440.000 euros. «Esta información incompleta o inveraz ha generado un error en el consentimiento de los adquirientes de participaciones preferentes en cuanto entendieron que era similar a un plazo fijo con mayor retribución», a lo que la Fiscalía suma el hecho de la avanzada edad de muchos de ellos y su carencia de conocimientos financieros en todos los supuestos, lo que determinó que desembolsarán las cantidades -suman en total casi 440.000 euros-, «sufriendo un innegable perjuicio en tanto que no pueden disponer del dinero y tienen suspendido el pago de intereses por la situación económica de Banco Ceiss».