La Junta establecerá el funcionamiento en red en el sistema de servicios sociales para que se convierta en la forma «normal» de actuar. El Ejecutivo impulsa un acuerdo con las entidades locales y el tercer sector que fijará «definitivamente» las directrices de este modelo para definir los procesos y procedimientos de cada agente, así como los mecanismos de coordinación entre ellos, con el objetivo de ganar agilidad en la respuesta, reforzar la atención, priorizar lo urgente y evitar duplicidades e ineficiencias.

 

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, anunció ayer ante la comisión del ramo de las Cortes que su departamento trabaja en este modelo en red, que recogerá un protocolo que se presentará «próximamente al Consejo de Gobierno». En su comparecencia, solicitada a petición propia, aseguró que este avance normativo no va a suponer ningún «menoscabo» del actual sistema de servicios sociales.

 

Marcos informó durante su intervención sobre los servicios prestados por la Red de Protección a las Familias de Castilla y León afectadas por la crisis con la convalidación por «consenso» del decreto-ley que dio origen a este entramado. La consejera sostuvo que la Junta pretende que esta forma de trabajar en red sea la «forma normal de operar» en los servicios sociales y no sólo en casos de urgencia para lo que establecerá la forma de entrada y salida de las entidades en el nuevo modelo

 

El portavoz del Grupo Socialista en las Cortes, Francisco Ramos, expresó su «preocupación» por la creación de diferentes puertas de entrada al sistema de servicios sociales con la creación de la red. «Casa con dos puertas, mala es de guardar», apostilló. Marcos le explicó que la actuación de los agentes se centra en la detección de las situaciones de emergencia y en facilitar el acceso a los recursos disponibles ya que indicó que es un profesional de referencia el que determina el plan de acción de cada beneficiario.

 

Marcos sostuvo que la «potencialidad» de la red queda demostrada con los resultados del servicios de atención a las familias en riesgo de desahucio, que ha sumado 29 entidades financieras a las once que se incorporaron desde el primer momento. Así, a 31 de diciembre, 1.518 familias en dificultades para pagar la hipoteca han recibido apoyo profesional de la administración. En 428 casos se estableció un Plan de Economía Familia, mientras que de los 800 casos concluidos, el 80 por ciento se resolvieron con diferentes acciones. También subrayó que en 1.061 se desplegaron atenciones con otros servicios como los Centros de Acción Social (327). Además, el servicio ya ha implicado a 40 entidades financieras.