El Ayuntamiento de Valladolid presentará un recurso de casación ante el Tribunal Supremo porque no comparte la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) que anula la orden de la Consejería de Fomento que aprobó la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para la ubicación del Nuevo Complejo Ferroviario en el Páramo de San Isidro, así como para un nuevo sector, el número 53, de uso residencial con capacidad para 4610 nuevas viviendas. El alcalde ayer quiso entrar a valorar la sentencia porque aseguró que «todavía la están estudiando los servicios jurídicos», pero sí que aseguró que «no es firme y vamos a recurrirla en casación ante el Supremo tanto nosotros como la Junta».
León de la Riva no cree que esta decisión judicial vaya a retrasar la puesta en funcionamiento de la nueva Base de Mantenimiento Integral (BMI) o antiguos Talleres de Renfe en el nuevo complejo ferroviario. De hecho, aseguró que está previsto que «empiecen a trasladarse en el último trimestre de este año los primeros operarios y máquinas desde los actuales talleres de la Renfe en el barrio de Las Delicias de la ciudad».
El alcalde y la concejal de Urbanismo, Cristina Vidal, se mostraron cautos sobre el fallo, pero ambos mantienen que «muchos aspectos» de la sentencia «son discutibles». En ese sentido, recuerdan que los nuevos talleres sí tienen declaración de impacto ambiental y advierten que los sistemas ferroviarios son especiales» dentro del ordenamiento jurídico español. Por su parte, el alto tribunal alega que la modificación del PGOU no se sometió una evaluación ambiental, conforme a la legislación estatal. Al respecto, deja claro que la evaluación del proyecto del Nuevo Complejo Ferroviario, es «independiente» de la que esa ley obliga a los planes, así como a sus modificaciones.
Vivienda. Por su parte, Cristina Vidal, advirtió que según distintos técnicos consultados por su Concejalía en la sentencia podría haber «errores de interpretación». Por eso la responsable de Urbanismo se reiteró en que «hay motivos suficientes para recurrirla en casación ante el Tribunal Supremo». Ese recurso y que la sentencia no es firme «no pone en peligro el nuevo complejo ferroviario», según Cristina Vidal.
Además, la edil añadió que el auto «parte erróneamente de una justificación de necesidad de vivienda para el Área Homogénea 5» que no es así porque, por un lado, esa área ya aparece como «suelo urbanizable» en el PGOU de 2003-2004.
También argumentó que Ayuntamiento no parte «de esa justificación ni muchísimo menos de la necesidad de viviendas», sino que «la justificación viene dada por los planes y programas que en su día aprobó el Ministerio de Fomento, que ya autorizó también la evaluación ambiental (de los talleres), y porque hay que adecuar los suelos donde está ubicado el complejo ferroviario al planeamiento urbanístico y a los sistemas generales según las normas ferroviarias».