El proyecto del soterramiento recibió esta semana la puntilla definitiva. El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, pidió la liquidación de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, la encargada de gestionar y ejecutar esta operación urbanística llamada a transformar la ciudad, una operación que tildó de «fallida» y que ya no generará «un nuevo Valladolid».

La falta de liquidez de la sociedad, integrada por el Ayuntamiento, la Junta y el Ministerio de Fomento, y la deuda de más de 400 millones que mantiene con un pull bancario ha sido el detonante de este órdago del regidor. El nuevo equipo de Gobierno ya había adelantado en julio, al poco de tomar posesión, que no estaba dispuesto a pagar las deudas de esta sociedad. En aquel momento, Óscar Puente calificó de «endiablada» la situación económica y avanzó que no veía factible que se pudiera pagar a finales de este año la primera amortización, de 125 millones de euros, de una deuda total que supera los 400 millones de euros. Este crédito, que contrató la sociedad en 2011, ha servido para financiar la construcción de los nuevos talleres de Renfe en el Páramo de San Isidro, el nudo Norte y el túnel del Pinar, pero no es suficiente para afrontar la obra de soterramiento de las vías a su paso por la capital.

Ahora, en plena cuenta atrás para cumplir el compromiso con los bancos y cuando sólo quedan 25 días para afrontar el pago, se buscan soluciones de última hora, pero ninguna garantizará la ejecución del proyecto del soterramiento tal como estaba aprobado y como se reflejó en el conocido como Plan Rogers. Y es que según las previsiones, esta operación se podía afrontar con la venta de los terrenos liberados, pero la última tasación de la empresa Knight Frank fija su valor en 397,3 millones de euros frente a los 1.065 millones que se manejaban en 2008 cuando se aprobó el Plan Rogers. Esta tasación ya puso en cuestión hace meses la financiación de la operación urbanística, ya que Urbanismo fijó en 375 millones de euros el presupuesto necesario para abordar las obras pendientes, lo que implica que el coste total del proyecto sería de 727 millones de euros.
 

Opciones. En el Ayuntamiento de Valladolid critican el planteamiento de «huida hacia delante y sin un horizonte claro» que les planteó esta semana Fomento, a través de los representantes del Adif, de aceptar la propuesta de los bancos de aplazar el pago de estos 125 millones a diciembre de 2016. Eso sí, las entidades bancarias exigen que se abonen ahora siete millones en intereses.

Una opción que ha rechazado de plano el alcalde por las consecuencias «negativas» que tendría para las arcas municipales. Puente tira de un informe del interventor municipal en el que se advierte de que asumir una parte del pago de esos intereses implicaría que el Ayuntamiento avale la deuda global de la sociedad. Es decir, esto acabaría con el equilibrio financiero en las cuentas municipales e implicaría superar el techo de gasto fijado por el Ministerio de Hacienda para las entidades locales, según explican fuentes municipales.

Este galimatías económico deja pocas opciones para hacer frente al pago de la deuda y establecer una nueva hoja de ruta, aunque los responsables del Adif se han comprometido a poner alguna propuesta más sobre la mesa antes de fin de año.

Pero parece que ninguna convencerá al alcalde de Valladolid, que el pasado miércoles se mostró partidario de liquidar la sociedad y que los bancos se queden con las casi cien hectáreas en el centro de la capital que iban a financiar esta operación urbanística. En este sentido, Puente reitera que la morosa es la Sociedad Valladolid Alta Velocidad y no el Ayuntamiento. Un aspecto muy importante, y que habrá que aclarar en la próxima reunión del Consejo de Administración de la sociedad para evitar que los bancos se planteen embargar bienes municipales. «Tendrán que cobrarse con las fórmulas que se vean dentro de las posibilidades que tiene la sociedad, es decir, su patrimonio», advirtió Puente.

En esta línea, el equipo de Gobierno también descartó la propuesta del Adif de hacer un préstamo a la sociedad por el 25% de los 125 millones que hay que pagar este mes. Nuevamente, Puente tira de la Ley Montoro para justificar su no y explica que habría que pedir un préstamo por importe de unos 30 millones, ya computable en el presupuesto de 2016, con lo que eso supone desde el punto de vista de la regla del techo de gasto y de la estabilidad presupuestaria. Según el alcalde, manteniendo las inversiones plurianuales que ya están comprometidas por unos 23 millones de euros y que no se pueden recortar (Mercado del Val, Centro Cívico de La Victoria,…), esto obligaría a hacer un recorte de gasto de unos treinta y tantos millones de euros. «Esto es algo que es materialmente imposible si no cerramos la puerta. El Ayuntamiento no puede hacer ese préstamo a la sociedad».

Este aparente callejón sin salida parece que liquidará definitivamente el proyecto del soterramiento. Y es que a la deuda de más de 400 millones de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad habría que sumar la inversión adicional necesaria para hacer el proyecto tal y como estaba concebido en el Plan Rogers, que supondría más de 300 millones. «Así que o hacemos magia o a ver cómo lo hacemos. Es imposible», explicó Puente.
 

Nuevo proyecto. Eso sí, el Ayuntamiento no quiere dar por perdido el proyecto del soterramiento, aunque lo traslada al medio o largo plazo. Así, el equipo de Gobierno asegura que se podría afrontar la operación del soterramiento en un plazo determinado, cambiándola respecto a como estaba concebida. Probablemente troceándola para abordarla por fases, con métodos constructivos más económicos y partiendo de cero. Una propuesta que no esta definida, pero que se puede aproximar a la que llevaba en su programa electoral Valladolid Toma la Palabra, cuyo cabeza de lista es ahora el responsable de Urbanismo. Eso sí, para poder afrontarla habría que liquidar la deuda de 404 millones que lastra el proyecto actual.