El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, explicó ayer que “no hay otra salida que revisar el proyecto” de soterramiento del ferrocarril a su paso por Valladolid y “reformularlo”, tras conocerse el informe realizado por la empresa Knight Frank según el cual la tasación de suelo urbanizable ha caído en los últimos años hasta los 397,3 millones frente a los 1.065 millones de 2008. “Ya no es una cuestión de voluntad, sino de posibilidad: si los suelos del soterramiento tienen un precio inferior a los 400 millones de euros, de entrada ni siquiera servirían para financiar el importe del préstamo que ya se contrajo por valor de 400 millones”, argumentó.
En su opinión, “con ese valor de suelo la operación está clarisimamente comprometida”. Sin embargo, apuntó que el Consistorio no tiene “voluntad de renunciar” al proyecto, si bien se refirió a la situación del CB Valladolid para comparar ambas situaciones y sentenciar: “No es querer, es poder”.
A ese tema también se refirió el portavoz del grupo municipal 'popular', José Antonio Martínez Bermejo. "Por desgracia se nos echó encima una crisis económica sin precedentes en la que llevamos metidos muchos años”, dijo. “Hay cosas que antes valían mucho y ahora menos. Todo ese planteamiento se hizo con una valoración económica hace muchos años y el equipo de gobierno que tendrá que tomar las decisiones que estime oportunas. Desde la oposición, con lealtad y buena voluntad estaremos para ver si esas revisiones son oportunas o no”.
Sobre otras cuestiones de actualidad, el alcalde expuso que el uso de la Plaza Mayor como espacio público requiere “un protocolo de utilización que responda a criterios objetivos”. Puente explicó que esos criterios “no excluyen necesariamente el pádel,”; “ya se ha dado por hecho que no va a ir pero es un tema que tenemos que debatir”.
En su opinión, “lo que sí parece claro es que necesitamos un protocolo con unas reglas establecidas y unos criterios objetivos que permitan saber qué es lo que se puede y no se puede traer a la Plaza Mayor, y que no dependan de una decisión caprichosa o arbitraria de quien gobierna la ciudad. Tiene que ser algo pautado, que se sepa de antemano, y que dé seguridad a quienes quieren utilizar la Plaza Mayor”.
Asimismo, sobre la Ciudad de la Justicia apuntó que ha mantenido una conversación telefónica con el delegado del Gobierno en Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, “en un tono diferente al que él ha expresado públicamente”. “Creo que hay voluntad de entendimiento y seguramente en el futuro encontremos una solución satisfactoria para el proyecto. Nadie debe olvidar que es el Ayuntamiento quien decide dónde van los equipamientos públicos de la ciudad de Valladolid”, sentenció Puente.