Aunque el número de personas que acude a Cáritas se ha estabilizado por primera vez en cuatro años, la realidad demuestra que tener un trabajo no asegura salir de la pobreza en España, según se desprende de las conclusiones de la Memoria Confederal de la ONGpara 2014 presentada ayer. Así, el documento alerta de que el 53 por ciento de las personas que acuden a esta organización católica viven en hogares donde alguno de los miembros trabaja, de forma que tener un empleo «no parece que esté ofreciendo suficiente protección» ante el impacto de la pobreza o la exclusión social.

Esta entidad dependiente de la Iglesia atendió el año pasado a 2.197.461 personas en el país, lo que significa una «cierta estabilización» en los últimos cuatro años, de los que el 73 por ciento eran nacionales o de países de la UE.

En la presentación, el secretario general de Cáritas, Sebastián Mora, insistió en que son personas que sufren con mayor intensidad los problemas de la recesión.

«El trabajo no asegura un mínimo vital para vivir», pues el salario «no es justo ni es digno en muchas ocasiones», añadió.

Cuando llega la crisis, «el crecimiento de la pobreza es rápido, pero desciende muy lentamente en el caso contrario», explicó.

Entre otros datos, las personas desempleadas suponen el 65,8 por ciento de los hogares asistidos. De los parados atendidos, el 74,2 por ciento lo es de larga duración.

El 59,2 de las familias que recibieron ayuda de Cáritas acudieron antes a los servicios públicos, pero la aportación no era suficiente para cubrir sus necesidades.

Entre los atendidos, el 58 por ciento se encuentra en situación de pobreza (y uno de cada cuatro son considerados severos) y el 68,4 por ciento está en exclusión social.

Respecto al tipo de familia, el 53 por ciento son parejas con hijos y más del 19 por ciento son mujeres con descendencia.

Cáritas invirtió durante el último ejercicio 305 millones, lo que supone un 5 por ciento más que en 2013, para atender a 4,3 millones de personas en España y el extranjero, con la colaboración de 82.000 voluntarios.

Casi tres de cada cuatro euros  proceden de donaciones privadas, y el resto de entidades públicas (ayuntamientos, autonomías, Administración central y la Unión Europea).

Mora señaló que el empleo era una vía de inclusión social hace unos años, pero ahora hay familias que, aun trabajando, necesitan ayuda de los entes sociales.

En este sentido, recordó que, según el INE, el 14 por ciento de los empleados se encuentra en situación de precariedad salarial.

El responsable demandó empleos dignos y salarios justos, una política migratoria global que garantice derechos y una cooperación al desarrollo  que destine el 0,7 por ciento del PIB.

El directivo también añadió que la pobreza se transmite entre generaciones, de manera que los hijos de padres pobres tienen «todas las papeletas» para serlo también.

Más dinero.

Respecto a los recursos de Cáritas, Mora indicó que se han destinado a los proyectos de la entidad 58 millones de euros más en cinco años.

 Destacó que los fondos de particulares han crecido durante la crisis, al contrario que los públicos, aunque el año pasado parece que este descenso tocó fondo.

El secretario general consideró que han sido unos años «duros» desde 2010 por una «erosión» de las políticas sociales. En este sentido, indicó que Cáritas se está reuniendo con los partidos para que recojan sus propuestas, como la garantía de unos ingresos para las familias con pobreza severa.

Insistió en que esta organización está siempre al lado de los marginados, independientemente del Gobierno de turno.

Sobre los refugiados, Mora indicó que la crisis está especialmente en los lugares de origen, azotados por la pobreza y la guerra y reiteró la disposición de la ONG y de la Iglesia a colaborar.

Por su parte, el presidente de Cáritas, Rafael del Río, señaló que esta organización, que es la Iglesia misma, tiene una vocación de llegar adonde no alcanzan otros.