Las desigualdades sociales en España no solo crecieron desde el inicio de la crisis económica, sino que esta situación hizo que se acentuaran, cada vez más, las diferencias ya existentes entre los ciudadanos ricos y pobres. Así, el empeoramiento del mercado de trabajo en el país y su impacto en los ingresos de las familias se sintieron con mayor fuerza entre los hogares más vulnerables, mientras que los más solventes apenas vieron mermados sus ingresos, según reflejó ayer un informe elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 

En el documento, titulado Panorama de la sociedad 2014, este organismo señala que el 10 por ciento de los hogares españoles con menores rentas perdió, prácticamente, un tercio de sus ingresos entre 2007 y 2010, con una caída anual del 14 por ciento, lo que representa, «con mucho», el mayor descenso de toda la OCDE, donde la media de la bajada de los ingresos fue del 2 por ciento entre las personas más desfavorecidas. 

Por contra, el análisis de la institución con sede en París desveló que las rentas del 10 por ciento más rico en España disminuyeron en, aproximadamente, un 1 por ciento al año, lo que supone que el territorio nacional experimentó «un fuerte aumento en la desigualdad social». 

De este modo, en 2010, las ganancias medias de los españoles con mayor poder adquisitivo fueron 13 veces más altas que las de los más pobres, en contraste con la media que marca este organismo, que se situó en 9,4 veces. 

Además, en términos generales, el informe de la OCDE cifró en unos 2.600 euros por persona la pérdida media de ingresos sufrida por los hogares nacionales entre 2008 y 2012, lo que la convierte en una de las caídas más fuertes entre los países de la Eurozona. 

En este sentido, la institución consideró que la dramática disminución de la renta disponible también reflejó lo «dispareja» que es la protección de aquellos afectados por el paro y recordó que, con una tasa de desempleo en el país 2,5 veces más alta que la media UE, el gasto en prestaciones para las personas en edad de trabajar «está apenas sobre la media», mientras el coste por en programas de activación laboral disminuyó en más de dos tercios entre 2007 y 2011, de unos 390 euros a 160 euros mensuales. 

«El sistema de protección social español estaba mal preparado para enfrentar una crisis del empleo, con un fuerte aumento en el paro de larga duración y del riesgo para las familias de encontrarse en situación de pobreza», apuntó. 

A este respecto, la OCDE insistió en que los ancianos y los beneficiarios de pensiones «han estado mejor protegidos», lo que ha permitido que la tasa de pobreza relativa entre las personas mayores bajara en 8 puntos porcentuales, hasta un 12 por ciento, mientras que la infantil subió en 3 puntos, hasta el 21, frente a la media del 13 de la UE, y las diferencias sociales entre los jóvenes registró un salto de 5 puntos. 

 

DURO TRABAJO POR DELANTE. Ante esta situación, la institución llamó la atención sobre el hecho de que resulta «altamente improbable» que una recuperación económica pueda, por sí sola, poner fin a los problemas del mercado laboral y la crisis social que España atraviesa actualmente. 

«Aún queda mucho por hacer para ayudar a que las familias mejoren rápidamente su situación cuando la economía consolide su recuperación», apuntó, y planteó la necesidad de fortalecer «urgentemente» las prestaciones asistenciales para los desempleados de larga duración y para los colectivos de trabajadores pobres. 

A este respecto, la OCDE se mostró partidaria de reducir el número de productos que se benefician de un IVA preferencial o que están enteramente exentos, con el fin de financiar dicho refuerzo de las prestaciones, puesto que considera que estas ayudas pueden ser orientadas de manera más precisa y eficiente, de tal manera que el gasto social vaya en beneficio de las personas más necesitadas. 

«En general, los grupos de bajos ingresos consumen menos que los grupos de altas rentas y, en consecuencia, las exenciones y rebajas de los tributos los afectan menos», defendió el informe.