Ecologistas en Acción ha asegurado que el Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la nulidad del Área Homogénea 5 'Páramo de San Isidro', en la que se asienta el nuevo complejo de talleres de Renfe y donde se preveía la construcción de 4.600 viviendas, por lo que la Asociación ecologista ha reclamado al Ayuntamiento que legalice la situación de la instalación ferroviaria mediante la expropiación de la parcela.
El portavoz de Ecologistas en Acción en Valladolid, Javier Gutiérrez, ha dado a conocer la sentencia por la cual el TS ha rechazado el recurso de casación presentado por el Ayuntamiento de Valladolid y la Junta de Castilla y León contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJCyL) que anuló la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Valladolid para permitir el desarrollo del Área Homogénea 5.
Según la sentencia, queda definitivamente anulada esa modificación, aprobada como han recordado Ecologistas en Acción por el consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta, Antonio Silván, a instancias del Ayuntamiento de Valladolid, así como la decisión de la Consejería de no someter la modificación a la evaluación ambiental.
De esta manera, ha explicado Gutiérrez, queda ilegalizado "sin que quepa recurso" el terreno del Área Homogénea 'Prado Palacio Berrocal', que abarcaba una zona en la que se preveía la construcción de hasta 4.600 nuevas viviendas y donde se ha edificado el nuevo complejo ferroviario de Valladolid, que ya ha comenzado a recibir equipamiento y se prevé poner en marcha en el mes de septiembre.
Gutiérrez ha advertido de que la sentencia "obviamente" afecta a los talleres ferroviarios, pues los suelos sobre los que se asienta pasarían a considerarse como rústicos. No obstante, ha señalado que la solución es asumible pues el Ayuntamiento de Valladolid tendría varias vías para legalizar la situación de este complejo, en el que se han invertido más de 140 millones de euros.
En todo caso, el representante de Ecologistas en Acción apuesta por que el Consistorio lleve a cabo la expropiación de la parcela de los talleres, lo que, según sus estimaciones, tendría un coste de 500.000 euros y que, a su juicio, debería abonar la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, ya que es la responsable del proyecto.
Al ser preguntado sobre el riesgo de que el complejo de talleres no pueda iniciar su actividad, el portavoz de EA ha ironizado con que "tampoco podían hacer las obras" y las instalaciones ya están terminadas, pero ha reiterado la propuesta de que el Ayuntamiento de Valladolid legalice la parcela.
La sentencia, además de considerar necesaria la evaluación ambiental en la parcela, declara que "no son necesarias esa 4.610 viviendas", pues el Ayuntamiento de Valladolid sólo otorgó 1.919 licencias para construcción de viviendas en el año 2008 y 506 en 2008 --ha recalcado Gutiérrez que en 2014 la cifra se ha quedado en "algo más de 200"--. En este sentido, el texto judicial señala que la aplicación de la Ley de Suelo y Urbanismo de Castilla y León no se justificaba "al no existir la necesidad de ampliar el suelo residencial".
"EL FIN DEL URBANISMO SALVAJE"
Por ello, Javier Gutiérrez ha aseverado que, al ser el primer contencioso sobre áreas homogéneas que llega hasta el Tribunal Supremo --varias más están anuladas por el TSJCyL--, la resolución judicial implica "el fin de la política de urbanismo salvaje, de desmesura, en la que colocaron a la ciudad el Ayuntamiento y la Junta".
Así, ha considerado que las 15 áreas homogéneas que aprobó el Ayuntamiento en el Plan General de 2003 abarcaban un total de 3.400 hectáreas y capacidad para 240.000 viviendas deberían ser recogidas en la actual revisión del PGOU, aprobada inicialmente la pasada semana en el Pleno del Ayuntamiento de Valladolid, como suelo rústico. Para ello, ha apostado por aprovechar el período de exposición pública del documento que se abrirá de forma inminente.
Sin embargo, ha criticado que el documento propuesto por el equipo de Gobierno y que no contó con el apoyo de los grupos de PSOE e Izquierda Unida, mantiene las áreas homogénea de Prado Palacio y Las Riberas, aunque con un menor número de viviendas previstas, mientras que "recorta a la mitad el espacio" de las otras.
Por todo ello, ha reclamado que el Consistorio se olvide ya del PGOU de 2003 que "preveía que iba a venir a Valladolid en un plazo de diez ó doce años la misma población que ya tenía la ciudad", lo que finalmente no se pudo desarrollar a "causa de la crisis económica" que, a su juicio, evitó "las consecuencias pésimas que habría tenido" el desarrollo de tantas áreas urbanizables.
Finalmente, ha censurado la actitud del equipo de Gobierno del Ayuntamiento por que solicitaron hace seis meses por carta una reunión con el alcalde, Francisco Javier León de la Riva, para tratar el contenido de la revisión del PGOU a la que la única respuesta ha sido que la concejal de Urbanismo, Cristina Vidal, aseguró que este asunto lo llevaría ella personalmente.