Aparcada sine díe la polémica Ley de Demarcación y Planta, que iba a acabar con los partidos judiciales de la práctica totalidad de pueblos de España -Medina del Campo y Rioseco, en el caso de la provincia vallisoletana- y que contemplaba una completa reorganización del actual sistema judicial para, entre otras cosas, reforzar el papel de los tribunales superiores de justicia, según informó en su edición de ayer Diario de Burgos.
Esa ley, ahora parada en algún cajón del Ministerio de Justicia, había causado una gran polémica en Burgos, al entender que todo el refuerzo que se contemplaba para la salas vallisoletanas del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León iba en detrimento de las que hay en Burgos. El borrador de esa ley decía que en Valladolid se iba a crear una Sala de lo Penal y otra de lo Civil para atender los recursos que entrasen sobre estas materias en Palencia, Zamora, Salamanca, León y Valladolid.
Además, según parece, por un error, se atribuía la Presidencia del TSJ a Valladolid, un hecho que se había traducido en Burgos en la puesta en marcha de una plataforma ciudadana, a la que se sumó el Ayuntamiento de Javier Lacalle, para la recogida de firmas (13.000), que llegaron a Madrid, dejando clara la oposición de la ciudadanía burgalesa ante un hipotético traslado de la sede del TSJCyL.
El Ministerio de Justicia, tal y como publicó en su edición de ayer Diario de Burgos, ha aparcado esta iniciativa. Aunque oficialmente se dice que su preparación no se ha abandonado, de manera oficiosa quienes han estado pendientes de su tramitación admiten que será complicado que salga adelante en los próximos meses, sobre todo teniendo en cuenta los tiempos políticos.
Así, el ministro Alberto Ruiz-Gallardón tiene otros frentes más urgentes, como la muy polémica reforma del aborto o los futuros cambios en la Ley Orgánica del Poder Judicial (que está todavía en fase embrionaria), y el Gobierno no suele complicarse con más de una ‘batalla’ por departamento de manera simultánea.
Fuentes oficiales de Justicia se limitan a responder que «no hay ninguna novedad» y que la Ley de Demarcación y Planta Judicial «se sigue elaborando», pero sin fijar ningún nuevo plazo ni previsión. En principio el Ministerio habló del pasado mes de octubre para concretar lo que hasta el momento es solo un informe preliminar de un grupo de expertos.
En el Ayuntamiento de Burgos afirman que no han tenido noticias del Ministerio de Justicia «desde el mes de diciembre». El decano del Colegio de Abogados burgalés, que encabezó la Plataforma por la Permanencia del TSJ a la que se sumaron procuradores, partidos políticos y diversas instituciones, tampoco ha recibido novedades.