Hace unos años ir a la Universidad era sinónimo de un futuro prometedor. El diplomado o licenciado podría tener éxito en su carrera y unos ingresos gracias a su profesión que le granjearían una vida cómoda, pero las cosas cambian con los años y obtener un título de enseñanza superior ahora no aporta la misma garantía de prosperidad. De hecho, España es el país de la Unión Europea con un mayor porcentaje de personas mayores de edad con estudios universitarios en riesgo de pobreza, el 10 por ciento, frente a una tasa de solo el dos por ciento en países como Portugal o Rumanía, según un informe publicado ayer por la oficina estadística Eurostat.
La conclusión del estudio es que cuanto más alto es el nivel educativo, más disminuye el riesgo de caer en la exclusión social, algo que se observa en todos los Estados miembros de la UE.
También en el caso de España se cumple esta premisa, ya que la tasa de riesgo de pobreza entre las personas con un nivel educativo inferior se sitúa al 26,3 por ciento, mientras que desciende al 16,9 por ciento para la población con estudios intermedios y al 10 por ciento entre los universitarios.
Lo peculiar del caso español es el elevado riesgo de pobreza entre las personas con estudios universitarios. Uno de cada 10 licenciados patrios sufre la amenaza de exclusión social, un porcentaje que supera ampliamente la media del 7,3 por ciento en el conjunto de la Unión Europea.
Entre los grandes países de la zona comunitaria, el porcentaje de titulados con ingresos bajos se sitúa en el 4,5 por ciento en el caso de Polonia, el 5,2 en Italia, 6,7 por ciento en Francia, 7,7 en Alemania y 9,4 por ciento en el Reino Unido.
Las complicaciones económicas de los españoles no se reflejan solo después de pasar por la Universidad, pues acceder a ella se complica con la crisis y la subida de las tasas. La Comunidad de Madrid adelantó ayer que «previsiblemente» hoy el Consejo de Gobierno llevará a debate la subida de las tasas universitarias que, en ningún caso, afectará a los alumnos que tengan una beca puesto que la ayuda cubre el total de las mismas, según sentenció la consejera de Educación, Lucía Figar.
Por otro lado, los grupos de la oposición en el Congreso, salvo UPyD, UPN y Foro de Asturias, sellaron ayer un documento de compromiso para derogar la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) «en la próxima legislatura», si el PP sale del Gobierno: «Los grupos parlamentarios abajo firmantes acuerdan que en el primer período de sesiones de la próxima legislatura procederán a derogar la Lomce y paralizar de forma inmediata su aplicación, y trabajarán para elaborar una ley que cuente con el máximo consenso parlamentario y de la comunidad educativa», rezaba el texto.
Se trata de 10 de los 11 grupos que el martes defendieron sus enmiendas de totalidad a la reforma educativa, salvo UPyD, que en esta ocasión decidió no sumarse a la petición de los grupos de la oposición, a pesar de que ayer sí apoyo a sus compañeros al pedir la devolución de la normativa educativa al Gabinete. Fuentes de la formación aseguraron que no pueden firmar un documento con Amaiur, ERC, CiU o PNV por «las grandes cuestiones» que les separan y porque no comparten ni el fondo ni la forma del mismo.