La Cámara de Comercio puso en marcha ayer un servicio de mediación civil y mercantil entre empresas que permitirá abaratar el gasto en conflictos y evitar pleitos que contribuyan a no colapsar el sistema judicial. Así lo resumió el presidente de la institución, José Rolando Álvarez, quien añadió que esta herramienta, ya en marcha en las cámaras de Ávila, Salamanca y Segovia y demandada por las firmas adheridas, gestiona los problemas de forma «rápida, económica, beneficiosa, confidencial» e incluso logra acuerdos nacionales e internacionales sobre este ámbito, fuera de los tribunales.
Experiencias piloto en otros territorios demuestran que con esta iniciativa se puede solucionar hasta el 90 por ciento de los problemas entre compañías. De hecho, Álvarez sostuvo que el Tribunal Supremo ha recomendado esta mediación «porque huye de la fórmula de vencedores y vencidos, ya que con esta herramienta ambos ganan porque ellos mismos llevan el control, con la mediación de un profesional». Precisamente, la Cámara también ha creado un registro de profesionales, formados de forma específica, para trabajar como mediadores.
Actualmente, la Cámara cuenta con mediadores profesionales, además de tener acuerdos con colegios para mejorar su formación. En todo caso, la institución pondrá en marcha, a partir del 1 de marzo, un Curso Superior Internacional de Mediación Civil y Mercantil, para los asociados, estudiantes y colegiados profesionales, para que completen su formación.
Álvarez rechazó que este sistema funcione como un arbitraje, ya que este último conlleva la «fuerza de aplicación», mientras que la mediación «ayuda a llegar a una solución», en la que las protagonistas son las propias empresas. «La mayor ventaja es que son las empresas las que ceden y alcanzan un acuerdo con la ayuda de la mediación, pero sin un tercero, juez o un árbitro», manifestó el presidente de la institución, quien indicó además que otro beneficio es la confidencialidad, «una regla de oro» que, según explicó, «interesa a las empresas».
También contempló la idea de que sea un servició asequible para todas las empresas, principalmente pymes, pues se establecerá una tasa fija de 80 euros por conflicto y una tarifa de honorarios del mediador que se situará a partir de otros 70 euros y que dependen de la cuantía del asunto y número de sesiones. En cualquier caso, se abonará a medias por parte de las dos partes.
Por todo ello, Álvarez animó a las empresas envueltas en un conflicto con un proveedor, cliente u otra empresas (local, nacional o internacional) a acudir a este servicio, del que no es necesario ser socio de la Cámara para aprovecharse de él. También es recomendable para gestionar impagos o lograr acuerdos con firmas estratégicas. Todo ello mediante un formulario ya establecido. Las dos partes pueden acudir de forma conjunta o individual, y será la institución la que comunique a la otra el inicio del proceso. Los acuerdos, si los hubiere, se podrán elevar a escritura pública.
El presidente de la Cámara de Comercio de Valladolid también destacó que este servicio cuenta con un apartado de mediación «interjudicial», es decir, que se puede iniciar con la vía judicial abierta.
Tarifa plaza. Por otro lado, Álvarez saludó ayer el plan de choque anunciado por la ministra de Empleo, Fátima Báñez, que contará con una tarifa plana de 50 euros en las cotizaciones sociales durante los primeros seis meses para los jóvenes de hasta 35 años que pongan en marcha iniciativas empresariales, si bien opinó que «se queda corto» debido a la situación de «emergencia social grave» que vive el país.
Sin embargo, valoró todas las herramientas que se pongan en marcha en esa dirección, aunque apostó por iniciativas que «ayuden a expandir el consumo, faciliten el crédito a las pymes y profundicen en la reforma laboral para ayudar a crear empleo». Como ejemplo, recordó que Italia también sufre la crisis y que, sin embargo, tiene una tasa de paro inferior a la de España. Álvarez abogó por «ayudar a los jóvenes, por muy pequeña que sea la inversión» y la estimó en 15.000 o 20.000 euros.