Hoy finaliza el límite de un año dado por la reforma laboral a la prórroga automática de los convenios denunciados y pendientes de renovación (ultraactividad), con lo que se abre un período de incertidumbre y previsible litigiosidad en el que muchos trabajadores podrían ver decaer el convenio que les ampara, con la consiguiente pérdida de derechos laborales.
Patronal y sindicatos consensuaron el pasado 5 de abril que entre el 1 de enero de 2006 y el 7 de julio de 2012 se habían denunciado 1.682 convenios (3,5 millones de trabajadores), de los que de acuerdo con un recuento de CCOO y UGT a 3 de julio 1.324 compromisos aún están pendientes de firma. Estos convenios afectan a más de 1,8 millones de trabajadores.
De estos pactos pendientes, la mayor parte (953) corresponden al ámbito privado, con 1,7 millones de empleados, en sectores como los de aguas, consultoras, curtidos o elaboración de productos cocinados. En el ámbito público, aún permanecen abiertos 371 (148.076 trabajadores), en su mayor parte pertenecientes a ayuntamientos y a organismos, empresas y entidades públicas como Paradores y astilleros.
Sin embargo, la patronal cree que hay que excluir, de los que están pendientes, aquellos que se dan por bloqueados por llevar más de dos años negociándose y que deberían remitirse a los sistemas de solución autónoma de conflictos, los convenios nacionales de Estaciones de Servicios y de Mataderos de aves y conejos, que ya se han firmado y que afectan a casi 90.000 trabajadores y aquellos que han desaparecido por cierre de empresa o integración en un ámbito superior.
La duda ahora es saber qué ocurrirá con estos convenios colectivos. Para evitar un decaimiento masivo y un estallido de conflictividad, patronal y sindicatos firmaron el pasado mes de mayo a nivel confederal el Acuerdo sobre ultraactividad de los convenios colectivos, como parte del II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (II AENC).
Su pretensión era crear un clima de confianza mutua y un acuerdo para agotar las negociaciones en los procesos de renovación de compromisos vigentes más allá del límite establecido por la reforma laboral.
En el caso de no ser posible un pacto, las partes promovían que se acordara la continuidad del proceso de negociación más allá de los plazos legales y se instaba en caso de bloqueo a acudir a una mediación obligatoria o arbitraje voluntario.
BUENAS PRÁCTICAS. Si bien, este acuerdo, de ocho puntos, se firmó a nivel confederal y no dejaba de ser una declaración de intenciones que no obligaba a que en las unidades de negociación concretas puedan darse bloqueos intencionados de los convenios por algunas de las partes.
De hecho, una semana más tarde, el responsable de Relaciones Laborales de CEOE, José de la Cavada, avisaba de que la patronal había negociado el acuerdo «porque hay que fijar un itinerario obligacional», pero reiteró que éste no dejaba de ser «un código de buenas prácticas en las mesas de negociación».
En la práctica, el acuerdo para la renovación no ha cristalizado en miles de convenios colectivos, lo que ha motivado que CCOO y UGT incluso hayan hecho una llamada al Gobierno para que «replantee» el límite de la ultraactividad y le responsabilicen de la conflictividad que pueda brotar a partir de hoy, en continuación de las huelgas ya convocadas en lugares como Cataluña o País Vasco.
Por su parte, el presidente de la CEOE, Juan Rosell, afirmó que «de ninguna manera» teme una oleada de conflictividad a partir de esa fecha y aseguró que en las últimas semanas se están negociando «muchísimos convenios».
Además, según los datos de la patronal, alrededor del 68% de los convenios firmados tras la reforma laboral tiene algún tipo de prórroga de la vigencia de los derechos laborales más allá del año límite de la ultraactividad, lo que demuestra que la negociación colectiva sigue su curso y «no hay ninguna problemática». No obstante, el 30% restante no cuenta con un compromiso de mantenimiento de los derechos adquiridos po